Argentina

Kirchner carga contra los jueces

La presidenta responde a magistrados y fiscales que la criticaron por interferir en la investigación de la muerte de Nisman: «Nadie me puede decir que me calle»

La presidenta argentina con su ministro de Economía, Axel Kicillof
La presidenta argentina con su ministro de Economía, Axel Kicilloflarazon

La presidenta responde a magistrados y fiscales que la criticaron por interferir en la investigación de la muerte de Nisman: «Nadie me puede decir que me calle»

«Estoy averiada, como en la batalla naval, pero jamás hundida». Con esta metáfora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvía al ruedo político, aunque, según ella, nunca se fue. Era un regreso esperado tras 39 días de ausencia a causa de un esguince de tobillo, en medio de una crisis política e institucional generada por la muerte del fiscal Alberto Nisman. No hubo referencias directas a la causa aunque sí «avisos a navegantes». Hay que saber leer la letra pequeña de los discursos de la presidenta, siempre hablando de conspiraciones y enemigos externos.

En esta ocasión la diana fue Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó a Alberto Nisman el arma Bersa calibre 22 de la que salió el disparo que mató al fiscal. Lagomarsino es hasta ahora el único imputado por esa causa. Sin nombrarlo, Fernández dijo que «los insultos de los mediocres nunca me importaron ni me importarán jamás». Lo hizo en referencia, según explicó la presidenta, a un tuit que le envió un empleado del Poder Judicial, a quien no mencionó. Los comentarios de la presidenta coinciden con lo que Lagomarsino, a quien el Gobierno señala como sospechoso por la muerte del fiscal, escribió el 8 de mayo de 2013 en su cuenta de Twitter. En las redes sociales el informático se despachó a gusto y llegó a proferir graves insultos en contra de la mandataria.

En el discurso, que se prolongó durante casi 60 minutos, la jefa de Estado les contestó a las asociaciones de jueces y de fiscales que en las últimas horas habían cuestionado una supuesta «intromisión» del Poder Ejecutivo en la investigación judicial por la muerte del Nisman. «Nadie desde otro poder le puede decir a la presidenta que se calle la boca y no hable. Voy a hablar todas las veces que quiera hablar», enfatizó la jefa de Estado. Y añadió: «Si desde el presidente de la Corte hasta el último juez pueden hablar, pueden hacer reportajes, declaraciones y descalificaciones... Ir en listas opositoras al Gobierno... ¿Cómo no voy a poder hablar yo?». Además, recordó que «cuando los jueces y fiscales hablan también forman opinión, y cuando tienen causas también crean opinión», por lo que les instó a aplicarse sus propios consejos sobre comentar procesos judiciales.

Durante el mensaje, que fue transmitido en cadena nacional, la presidenta también anunció un aumento del 18,6% en las jubilaciones que regirá a partir de marzo. La mandataria quiso mostrar fortaleza y unidad, pero también pasar página y lanzar un mensaje: Argentina tiene problemas mayores, la vida sigue sin Nisman.

Tras el acto, Cristina Fernández tomó un vuelo rumbo a China. Durante casi una semana quedará el vicepresidente, Amado Boudou –imputado en varias causas por corrupción–, a cargo de la Presidencia del país. La muerte del fiscal Alberto Nisman ha conmocionado al país y ha sacudido el último mandato de CFK en la recta final. Las elecciones son el próximo octubre. Su gestión del caso será crucial para medir el impacto político de esta historia sombría, con servicios secretos como telón de fondo.

Cuando el 19 de enero se conoció la muerte de Nisman, todas las sospechas recayeron en Kirchner y su Gobierno, denunciados cinco días antes por el fiscal por confabular para encubrir a imputados iraníes en la causa por el atentado antisemita de 1994 contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

Según un sondeo del instituto IPSOS, dos tercios de los encuestados consideran que Nisman, encargado desde 2004 de la fiscalía especial para la causa AMIA, fue asesinado. Y quienes creen en el suicidio –como indicaron las primeras pericias– piensan que lo hizo bajo amenaza y que, por tanto, fue inducido. Según ese mismo sondeo, más del 80% de los argentinos piensa que la muerte del fiscal afectará la imagen de la presidenta y otro 70% afirma que nunca se va a saber la verdad. Sin duda, este asunto reveló una crisis de confianza de los argentinos en sus instituciones, además de hartazgo y preocupación.