La corrupción amenaza el futuro del peronismo

Cristina Fernández, acusada de organizar una red de sobornos, denuncia ser víctima de la persecución de Macri. Pese a sus problemas judiciales, la senadora aspira aún a ser candidata a la Casa Rosada en 2019

La Policía llevó hoy a cabo un operativo en el edificio de Buenos Aires donde posee un apartamento la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), vivienda que un juez pretende registrar dentro de una investigación por una presunta red de sobornos en torno a las obra pública.

El procedimiento policial se efectuó en el edificio de apartamentos del barrio capitalino de Recoleta, donde la exmandataria reside cuando está en Buenos Aires.

La ex presidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchnner (CFK) fue a declarar ayer ante el juez federal Claudio Bonadio, que lleva la causa por los cuadernos de sobornos. Ante los tribunales, Cristina se negó a responder preguntas y dejó en su lugar tres escritos en los que resume que sería una «causa armada», pidió la nulidad del caso y aseguró que está siendo perseguida por el presidente Mauricio Macri.

Dentro de la causa, CFK está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos. Apuntada como la principal responsable de llevar a cabo una organización que recaudó más de 200 millones de dólares.

Al comienzo de uno de sus escritos, afirmó que «a partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional», en alusión a la dictadura militar.

El escándalo salta a la luz por medio de la publicación de cuadernos por parte de Óscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación del país y primer arrepentido. El chófer anotaba cada uno de los viajes que hizo con su jefe con bolsas llenas de dólares. Según Centeno, recorrían las empresas contratistas del Estado del entorno de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante la presidencia de Nestor Kirchnner. Lo cobrado terminaba en la Quinta de Olivos, la Jefatura de Gabinete de la Nación o en la casa de Buenos Aires de los ex presidentes.

El fiscal Carlos Stornelli, también encargado de llevar adelante la causa, afirmó que fueron directivos y ejecutivos por igual de las principales compañías de construcción y del sector energético. Uno de ellos, Javier Sánzchez Caballero, ex dueño de Iecsa y ex CEO está imputado por haber realizado pagos al Gobierno kirchnerista y es uno de los arrepentidos en la causa que busca aprovecharse de esa figura judicial para poder evitar la condena.

En el escrito que presentó ante el magistrado, CFK cuestionó las declaraciones del ex chofer. «A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no sólo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar», concluye Cristina.

En este sentido, la ex presidenta cuestionó que Calcaterra se haya convertido en un «arrepentido» y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las «pocas sortijas que hay» para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. «Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra», y añadió: «Quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita».

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años el ex chófer. Centeno se convirtió en el primer «arrepentido» en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes del matrimonio Kirchner para «la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita». Para la ex presidenta, esta sexta acusación sólo responde a «la caída abrupta de la imagen del Gobierno», el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción.

Fernández acudió al juzgado acompañada del dirigente social Juan Grabois y el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés. «Cristina es la dirigente opositora de mayor intención de voto y cada vez que el Gobierno tiene problemas, como los que hay en este momento, se avanza con algo nuevo sobre su situación judicial», dijo Valdés. El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presentó una petición de nulidad basada en supuestas irregularidades en la aparición de los cuadernos y en que su defendida ya es investigada por asociación ilícita en otras tres causas y se pretende «perseguirla por la misma conducta». La defensa solicita además una serie de comparecencias ante la Justicia, como la de Macri, por si influyó en que Calcaterra, como a otros imputados, se le dejara en libertad tras darle la condición de «arrepentido».