La oposición venezolana cae en la trampa chavista

Las divisiones sobre qué hacer con Maduro y las trabas del Gobierno paralizan la nueva Asamblea

Deshacer los entuertos propios y ajenos ha sido el primer movimiento de la oposición venezolana al frente de la Asamblea Nacional (AN). Los representantes de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) divergen a la hora de determinar la urgencia de poner fin a la legislatura del presidente Nicolás Maduro y caen en la trampa del oficialismo de entrar en la confrontación política en lugar de resolver los problemas cotidianos de la población. Obstáculos que han atascado el proceso de cambio «rápido y profundo» al que aspiraba la oposición. «No es nuestra prioridad dar ese debate en este momento. Nuestra prioridad es dar el debate sobre la crisis económica», respondía el vicepresidente de la AN, el opositor Enrique Márquez, a la pregunta sobre los mecanismos para la salida de Maduro del Gobierno en una entrevista con «El Nacional».

Para el sector moderado de la oposición, la máxima prioridad consiste en superar la crisis económica y evitar así el coste político si los problemas se agudizan. En esa línea, se sitúa Julio Borges, líder de Primero Justicia, el partido más votado de la alianza opositora, que anteayer celebró decenas de asambleas callejeras por todo el país para discutir las leyes que debe promover el Legislativo. El ala más radical de la oposición, encabezada por el nuevo presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, defiende, en cambio, que no se puede encontrar una solución mientras siga gobernando el chavismo. Sus esfuerzos se centran en encontrar las vías constitucionales para acabar con el mandato de Maduro.

El analista político Nicmer Evans considera esa «fragmentación de sus discursos y la ausencia de liderazgo» las mayores debilidades de la MUD. «La oposición no ha sabido hacer una lectura del mandato popular, que exigía una respuesta a la crisis, y su legitimidad tras las elecciones se ha visto vulnerada por sus aspiraciones de poder», apunta el politólogo –de tendencia chavista– sobre las amenazas de convocar un referéndum revocatorio contra el presidente bolivariano.

Asimismo, para Evans, «la terquedad con la que han cometido [los opositores] algunas acciones ingenuas permite dar argumentos al Gobierno». Se refiere al vídeo que mandó grabar Allup mientras ordenaba con arrogancia la retirada de los retratos de Hugo Chávez y de Simón Bolívar del palacio de la Asamblea. Un gesto que, según el politólogo, «solamente aumenta la polarización social» y le sirve a Maduro para ensalzar el patriotismo chavista. De hecho, este fin de semana se han vuelto a celebrar actos de homenaje al «eterno comandante» y al «libertador» en la plaza Bolívar, donde se colocaron las imágenes retiradas y que se ha convertido en un nuevo lugar de culto para el chavismo. «El fallo de estrategia y de miras», como califica Evans la actuación de Allup, ha obligado a la oposición a pedir disculpas hasta en dos ocasiones. Justificaciones y rectificaciones que desvían la atención de los problemas reales del país y de la responsabilidad política del Gobierno. Esas discordancias internas se suman a la descomunal tarea de deshilar la cadena de trabas impuestas por el Gobierno en el último mes. Una de las primeras iniciativas impulsadas por la bancada opositora fue abrir una comisión parlamentaria para investigar la designación de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobada por la mayoría oficialista en diciembre. Es el mismo TSJ que ejecutó el llamado «golpe judicial» al iniciar un proceso cautelar para la impugnación de cuatro diputados, que quitaría la mayoría cualificada la oposición.

Otra de las (contra)medidas anunciadas por los opositores en la primera sesión parlamentaria será la derogación de la reforma de la Ley del Banco Central, que aprobó Maduro a través de los poderes especiales que le otorgaba la Ley Habilitante. El dirigente bolivariano modificó algunos artículos de la normativa para tener la potestad de nombrar a la junta directiva del instituto emisor, así como prohibir el acceso a cierta documentación «confidencial o secreta». Remendar esa ley es el paso previo para poder investigar los casos de corrupción durante el chavismo, uno de los ejes de acción de la oposición. En definitiva, un nudo gordiano que ha atascado a los opositores y amenaza con abocar al país a una crisis institucional.