La retirada del decreto para amnistiar a los corruptos no frena las protestas en Rumanía

Ya es oficial. El Gobierno socialdemócrata rumano derogó ayer, en una reunión extraordinaria, el polémico decreto que despenalizaba casos de corrupción inferiores a los 44.000 euros. Había sido aprobado por la vía de urgencia, sin consultar con el Parlamento, y había provocado las manifestaciones más multitudinarias desde la revolución que acabó con el régimen comunista de Nicolae Ceaucescu en 1989. Pese a su derogación, en la Plaza Victoria, frente a la sede del Gobierno en Bucarest, proseguían ayer las masivas protestas. El Ejecutivo ha perdido la confianza de muchos ciudadanos apenas dos meses después de llegar al poder.

Por sexto día consecutivo, los manifestantes lanzan lemas como «Queremos que nos oigáis, no que nos mintáis» o «Lo habéis conseguido, nos habéis unido» entre silbidos, banderas y el sonido de vuvuzelas. En total medio millón de rumanos (300.000 sólo en la capital) salieron ayer a la calle. «Queremos que dejen de aprobar leyes que les beneficien, no nos conformamos con la retirada del decreto», dijo a Efe Ciprian Todita, un informático de 34 años.

«La gente va a continuar presionando al Gobierno para que se vaya. No van a contentarse sólo con la cancelación de este decreto de emergencia, porque está claro que es un Gobierno corrupto y que va a continuar con esta política y, muy probablemente, va a intentar de nuevo sacar a los políticos corruptos de las cárceles», declaraba el analista político Mircea Marian a la agencia Reuters.

El contestado primer ministro, Sorin Grindeanu, declaró a la televisión Antena3 que «no dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos» y recordó que en diciembre el Partido Socialdemócrata (PSD) venció con el 45% en diciembre. Grindeanu justificó la retirada del polémico decreto porque no quería «dividir Rumanía» en dos y prometió negociar con los partidos de la oposición una nueva ley.

Las protestas también se extendieron frente al palacio presidencial. Aunque en esta ocasión se trataba de un millar de manifestantes progubernamentales, que han criticado al presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, por apoyar a los manifestantes contrarios al decreto de la discordia. Iohannis consideraba la medida un paso atrás en la lucha contra la corrupción en el considerado país más corrupto de la Unión Europea.

El decreto incluía un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles. Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder del PSD, Liviu Dragnea, que no hubiera respondido ante un tribunal por un caso de corrupción de 24.000 euros que le ha impedido ser primer ministro.