La Unión Europea vetará a Turquía si Erdogan reinstaura la pena capital

EE UU y los Veintiocho urgen al régimen a respetar las instituciones democráticas. La OTAN exige al Gobierno turco proporcionalidad y respeto al Estado de Derecho

En el centro, el supuesto cabecilla del golpe, Akin Öztürk, junto a otros mandos militares que participaron en el golpe del pasado viernes en Turquía
En el centro, el supuesto cabecilla del golpe, Akin Öztürk, junto a otros mandos militares que participaron en el golpe del pasado viernes en Turquía

EE UU y los Veintiocho urgen al régimen a respetar las instituciones democráticas. La OTAN exige al Gobierno turco proporcionalidad y respeto al Estado de Derecho

La Unión Europea y Estados Unidos no permitirán que el régimen de Erdogan utilice el golpe de Estado fallido como coartada para la represión. Los Veintiocho, reunidos ayer en Bruselas, hicieron un firme llamamiento a Ankara para que no utilice atajos con respeto a la ley en un momento en el que todos los hechos apuntan a una deriva autoritaria por parte del régimen turco, y prometieron mantenerse vigilantes. Un mensaje que respalda sin fisuras el secretario de Estado, John Kerry, que ayer participó en un desayuno informal con los ministros de Exteriores de la Unión.

«Urgimos al Gobierno turco a mantener los más elevados estándares de respeto a las instituciones democráticas de la nación y al Estado de Derecho», aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa conjunta con la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. La italiana recordó que ningún país que decida introducir en su ordenamiento jurídico la pena de muerte puede ser miembro de la UE, en referencia al estatus de Turquía como eterno candidato a formar parte del «club» europeo y a la necesidad de respetar el acervo comunitario. La Alta Representante también aseveró que, como miembro del Consejo de Europa, Turquía debe cumplir el Convenio de Derechos Humanos, que prohíbe la pena capital.

Abolida en 2002

El primer ministro turco, Binali Yildirim, mantuvo ayer abierta la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte como respuesta a las proclamas de las multitudes que han salido a las calles en defensa del régimen, si bien se mostró mucho más prudente que Erdogan. La pena en tiempos de paz fue abolida por el Parlamento en 2002, meses antes de que el actual presidente ganara la elecciones con mayoría absoluta. Dos años después, su puesta en marcha quedó circunscrita a los juicios militares, periodos de guerra o delitos de terrorismo. Unos cambios legislativos que fueron interpretados como un deseo de acercarse a la UE. La última ejecución en Turquía se produjo en 1984, poco después de la restauración democrática tras el golpe de Estado de 1980, por el que 50 personas fueron ejecutadas.

Ayer, las palabras más duras fueron las provenientes del comisario de Ampliación y Política de Vecindad, Johannes Hahn, que acusó a las autoridades turcas de haber preparado de antemano una lista de jueces a los que depurar por su oposición al régimen. «Las listas, que ya estaban disponibles justo después de este acontecimiento, indican que algo estaba preparado, que en cierto momento tendrían que ser utilizadas». La jefa de la diplomacia europea se mostró cauta en cuanto a estas afirmaciones, al asegurar que no posee ningún tipo de información sobre esta hipótesis, aunque Kerry hizo notar la rapidez y el gran número de detenidos. En el último informe de adhesión, Bruselas resaltó una involución en los derechos humanos, la libertad de prensa y la independencia judicial.

Aliado clave de Europa

Turquía se ha convertido, por su posición geoestratégica, en un aliado clave del club comunitario. Los Veintiocho firmaron en marzo un acuerdo por el que Ankara se convierte en guardián de los flujos irregulares de personas y se establece un sistema estandarizado de devoluciones de los demandantes de asilo interceptados en las islas griegas bajo la premisa de considerar a Turquía como tercer país seguro. Las contrapartidas a esta ayuda turca consisten en más dinero (6.000 millones de euros) la agilización del ingreso en el club europeo y la liberalización de visados a los ciudadanos turcos que visiten suelo europeo por un periodo máximo de 90 días. El último aspecto es el que está suscitando más discrepancias en las negociaciones debido a la negativa de Ankara a hacer cambios en su legislación contra el terrorismo, no considerada lo suficientemente garantista por parte de la Unión. La Comisión Europea confiaba en una aplicación rápida a partir de mes de julio, pero en las últimas semanas el proceso parece haberse quedado enquistado.

Tanto la Alta Representante como los portavoces comunitarios se mostraron ayer prudentes sobre las consecuencias que puede tener el giro autoritario en el devenir de este acuerdo, aunque resultan evidentes las implicaciones. «La liberalización de los visados está supeditada al respeto de los valores democráticos y del Estado de derecho», aseguró ayer el titular de Exteriores José Manuel García Margallo. La reacción de Turquía a la asonada también está tensando las relaciones con EE UU. Kerry aseguró no haber recibido ninguna solicitud formal de extradición formal del clérigo Fethullah Gülen al que Ankara acusa de estar detrás del golpe de Estado fallido. El secretario de Estado pidió pruebas a Turquía: «Hay unos estándares en nuestro sistema jurídico».