Argentina
Macri desmantela los ejes del kirchnerismo
La última medida del presidente argentino ha sido destituir a los responsables de controlar los medios. La oposición le critica por gobernar con decretos para sortear un Congreso hostil.
La última medida del presidente argentino ha sido destituir a los responsables de controlar los medios. La oposición le critica por gobernar con decretos para sortear un Congreso hostil.
La revolución del «centroderecha» ha llegado a Argentina. En apenas catorce días, Mauricio Macri ha tomado varias medidas que van a contramano de todo lo que hizo el kirchnerismo en los últimos 12 años. El levantamiento del «cepo cambiario» al dólar, que provocó una devaluación del peso cercana al 30 por ciento, más la quita de las retenciones impositivas a la exportación de granos y productos industriales, son las dos grandes medidas para fijar una nueva política económica.
Sin embargo, en una época en que los argentinos preparan el bañador y la sombrilla para ir a la playa en el verano austral, el Gobierno de Macri comenzó también a dar señales de fuerte contenido político. No todo es economía, aunque muchos estén mirando los precios y esperando el aumento de salarios que cubra una inflación anual superior a ese 30% previsto.
Pero el presidente ha sido duramente criticado por dos decretos que firmó en los primeros días de Gobierno con la excusa de que el Parlamento se encuentra de vacaciones. Con uno de ellos cubrió las dos vacantes (de cinco en total) de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tras un aluvión de reproches que incluyeron a dirigentes afines a su partido, decidió dar marcha atrás y retrasar a febrero la jura de los magistrados, con la esperanza de pactar antes con el Congreso el nombramiento y usar el procedimiento habitual. En su discurso al asumir el mando, el nuevo presidente había prometido que «no habrá jueces macristas», pero el decreto dejó una sensación rara en la opinión pública. La oposición y los expertos constitucionalistas han sido muy duros con esta medida. El senador Julio Cobos describió el decreto como «innecesario» e instó a mantener sesiones extraordinarias en el Congreso para debatirlo.
El otro decreto dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), un ente autárquico creado para implementar la Ley de Medios. Es el organismo que otorga las licencias de radio y televisión, al tiempo que dispone multas si no se respeta la competencia o si los programas violan los contenidos para menores de edad. Según el nuevo Gobierno, la AFSCA aplica en forma parcial la Ley sancionada por el Congreso en 2009 y que dispone, entre otras cosas, un reparto más equitativo de las licencias de radio y televisión. «No se han logrado avances significativos», dice el decreto de Macri, ni tampoco «el acceso de la población argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
Esta última medida de Macri generó un rifirrafe con el presidente del organismo, Martín Sabbatella, de afiliación kirchnerista y muy crítico con el grupo Clarín. El funcionario se «atrincheró» en su oficina en la sede del organismo, con el apoyo de decenas de militantes, y fue desalojado en la Nochebuena mediante una orden del juez federal Julián Ercolini. Sólo aceptó retirarse cuando se aseguró de que en el acta la Policía hacía constar que con la intervención se estaba «suspendiendo la aplicación» de la Ley de Medios. Según Sabbatella, su cargo vence en 2017 ya que fue designado por el Congreso, por lo que una medida del Poder Ejecutivo no tendría validez para retirarlo. Él también irá a la Justicia en los próximos días, aunque para que un juez lo reponga en sus funciones. También, para defenderse de denuncias de corrupción que surgieron en su contra.
En el nuevo clima de negocios de Argentina, la pelea parece ser otra: el grupo Clarín tiene intenciones de invertir en el negocio de los teléfonos, mientras que las empresas de telefonía buscan «la tarta» que Clarín ya posee: internet y televisión por cable. En Argentina, salvo pocas excepciones, una misma empresa aún no puede ofrecer el «triple play»: televisión, internet y telefonía. El Gobierno de Macri podría avanzar en ese sentido, ahora que controla tanto el AFSCA como otro organismo, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que también fue intervenido esta semana. Mientras tanto, para cumplir con la ley, el grupo Clarín ha presentado un plan que prevé dividirse en cuatro empresas más pequeñas a primeros de año.
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