Maduro denuncia a los opositores ante el Supremo por «usurpación»

Capriles eleva el tono contra el Gobierno y tacha de «burla» el retraso intencionado del revocatorio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) debía darle respuesta a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y a los ciudadanos que promueven un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Por quinta vez, las cuatro rectoras –con tendencia oficialista– se negaron a presentar el cronograma de validación de las firmas que hace más de un mes recogió la instancia opositora. La MUD sigue organizándose ante la pretensión del cuerpo electoral de dilatar los tiempos para que el revocatorio no se realice este año, sino en 2017 cuando el vicepresidente que tenga el chavismo entonces, sea el que culmine el periodo presidencial. El lunes habrá una jornada de protesta para ratificar las firmas, según anunció Jesús «Chúo» Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD. «El tiempo de la crisis social es mucho más acelerado que el tiempo de la burocracia. El revocatorio va este año, porque va», señaló Torrealba.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda y también líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, ofreció declaraciones para fijar una nueva ruta de presión al poder electoral, contraria a la que propuso Torrealba. El ex candidato presidencial en dos ocasiones llamó a una movilización hasta el CNE el lunes y aseguró que no puede haber diálogo con los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Manuel Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (Rep. Dominicana) mientras el Gobierno viola la Constitución y no se fija la fecha del revocatorio. Zapatero se encuentra de nuevo en Venezuela para tratar de mediar entre la MUD y Maduro, después de su intento anterior, hace tan sólo quince días.

El líder de la oposición fustigó a sus propias filas y pidió estar a la altura de las necesidades de la gente, de los que piden en la calle e instó a no lavarle la cara al Gobierno con el llamamiento al diálogo. «Me alarmo cuando veo que las cuatro señoras del CNE se burlan en la cara de los compañeros y la respuesta es que tenemos que volver a firmar. Eso no es así. El referéndum revocatorio es la única salida constitucional que le queda a Venezuela. Aquí no hay voluntad de cambio cuando es el Gobierno el que no respeta las reglas del juego», sentenció. De ponerse de acuerdo, la oposición irá a las sedes del Poder Electoral a exigir la validación de las rúbricas de los ciudadanos que desean votar para decidir si Maduro sigue o no en el poder.

«No debemos convertirnos en el Gobierno que no soporta las críticas y autocríticas. Siempre he sido militante de la MUD, pero si la Unidad quiere expulsarme, está en su derecho de hacerlo», aseveró. El líder de la oposición priorizó las necesidades que a su juicio deben prevalecer para la solución de la crisis venezolana: comida, medicinas y revocatorio. «La solución no es un golpe de Estado o un estallido social, no es lo que queremos», insistió Capriles.

Apenas Maduro supo de la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de invocar la carta democrática, tomó una decisión: demandar a la junta directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Henry Ramos Allup, por usurpación de funciones. Amenazó con un juicio «histórico» a lo que consideró una pretensión de que se invada a Venezuela a través de una intervención extranjera. El asesor jurídico de la presidencia de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció ayer que fue hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. «Queremos que se tomen las medidas necesarias para frenar de una vez por todas esta pretensión de la junta directiva de la AN de querer dar un golpe de Estado», explicó. Amoroso espera pronta respuesta del Supremo y precisó que para los diputados opositores aplicaría «traición a la patria y ausencia de facultades» para representar a la República.

«Vamos a seguir luchando y defendiendo los derechos de los ciudadanos. La actuación del Gobierno ha levantado las alarmas del mundo», indicó el vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, quien condenó enérgicamente, además, que el amparo presentado por el presidente Nicolás Maduro contra el Legislativo es «inconstitucional» y «viola» la inmunidad de ese poder establecida en la Constitución. «El TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) no puede iniciar ningún juicio sin la autorización de la Asamblea Nacional», afirmó ayer a los periodistas Calzadilla y aprovechó para criticar las acciones inconstitucionales de pretender juzgar a tres diputados de la AN «que, de paso, son los tres miembros de la directiva».