Maduro y altos cargos de su Gobierno, demandados por crímenes de lesa humanidad

Familiares de víctimas de la represión piden a La Haya que sean investigados por las muertes y detenciones a partir de 2014

Familiares de víctimas de la represión gubernamental en Venezuela han demandado al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su Gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde febrero de 2014, según confirmaron fuentes cercanas a la oposición. El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, y el abogado Juan Carlos Gutiérrez fueron los encargados de presentar ayer ante la sede de la CPI un documento de 190 páginas en el que se señala que «el Gobierno de Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Maduro, ha adoptado una política estatal para atacar a parte de la población civil percibida como disidente».

El texto se refiere a asesinatos, torturas, encarcelamientos violando las normas del derecho internacional, persecución por motivos políticos y «otros actos inhumanos de carácter similar». En dicho documento –que se basa en informes de organizaciones de derechos humanos internacionales y venezolanas– se pide que se abra una investigación urgente debido a la cercanía de las elecciones parlamentarias (6 de diciembre) y a las amenazas de Maduro. Hace unos días, el presidente venezolano dijo que si la oposición ganara los comicios, «Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa».

La demanda señala a ministros, jueces, fiscales, gobernadores y militares como presuntos responsables de la represión durante las manifestaciones del año pasado, cuando miles de venezolanos salieron a la calle en varias ciudadades para protestar contra el Ejecutivo. La respuesta del Gobierno derivó en la muerte de entre 33 y 36 civiles, según constata el documento.

También se menciona la existencia de más 70 presos políticos, entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión en un juicio calificado de «farsa» por el propio fiscal encargado de presentar las pruebas. La demanda cifra 437 casos de torturas durante las protestas, según los datos del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, y sitúa las detenciones practicadas en 3.700 a raíz de dichas manifestaciones. Foro Penal, una organización venezolana, estima que se produjeron 638 encarcelamientos arbitrarios.

El documento hace referencia a la falta de libertad de prensa y al hostigamiento al que se somete a los periodistas críticos con el Gobierno. Actualmente, varios directivos de medios de comunicación como «El Nacional», «Tal Cual» y «La Patilla» se hallan bajo una orden de búsqueda y captura por parte de las autoridades del país tras hacerse eco sus respectivos medios de artículos aparecidos en el extranjero que relacionaban a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Legislativa, con el narcotráfico. La demanda también describe persecución y amenazas contra empresarios, abogados, políticos como el alcalde metropolitano de Caracas y activistas de derechos humanos.

Precisamente mañana, el presidente Maduro hablará en el pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en su país, tras ser invitado por este organismo previa petición del Gobierno venezolano para comparecer ante este organismo. Venezuela fue reelegido el pasado 28 de octubre como uno de los tres países latinoamericanos para ocupar un asiento en este organismo con sede en Ginebra, un hecho que fue criticado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Foundation y UN Watch.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya también tiene pendiente una investigación por otra demanda presentada en abril de 2014 por un grupo de 198 parlamentarios de ocho países latinoamericanos en la que pedía una investigación contra Maduro por «la represión masiva y sistemática» contra manifestantes pacíficos y desarmados durante las protestas.