Reino Unido

May renuncia a pedir la lista de extranjeros a las empresas

La medida será archivada ante las críticas dentro y fuera de Reino Unido

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May
La primera ministra británica, la conservadora Theresa Maylarazon

La medida será archivada ante las críticas dentro y fuera de Reino Unido

La polémica ha crecido tanto que el Gobierno de Theresa May no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y renunciar a su proyecto de pedir a las empresas británicas que proporcionaran la lista de sus empleados extranjeros. La iniciativa perjudicaría a los alrededor de dos millones de ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido. Es decir, un golpe mortal a la libre circulación de personas entre los Estados miembros que forman el mercado común, un espacio al que aspira a permanecer Londres tras negociar el «Brexit» con el resto de socios de la UE.

En un intento de calmar las aguas, varios miembros del Gabinete se prodigaron ayer en los medios de comunicación para dar por enterrada la polémica medida. Así, la ministra de Educación, Justine Greening, aseguró que el Gobierno podría requerir aún esa información a las empresas, «pero a título confidencial y para identificar los sectores» que a corto plazo podrían requerir una mayor mano de obra. Más contundente fue el titular de Defensa, Michael Fallon, en una entrevista a la BBC. «No estamos proponiendo pedir a las empresas que nombren, hagan listas, identifiquen o avergüencen a las personas que son extranjeras», explicó. Por el contrario, la idea es incentivar a los empresarios a «ofrecer empleo a los británicos, que es lo que se esperaría, antes de que importen mano de obra más barata del extranjero».

La responsable de todo este embrollo es Amber Rudd, la sucesora de May al frente de Interior, que reveló el miércoles, en pleno congreso «tory» en Birmingham, que el Gobierno pretendía incentivar la contratación de trabajadores británicos castigando a los empresarios que recurrieran a mano de obra extranjera. Una idea cuya filosofía xenófoba recibió un aluvión de críticas por parte de la oposición laborista, la patronal, las universidades y algunos sectores del propio Partido Conservador.

Ayer, los reproches más duros procedían de fuego amigo. Steve Hilton, ex asesor del ex «premier» David Cameron, calificó de «divisoria y repugnante» la idea y la comparó con la iniciativa de Donald Trump de prohibir la entrada de todos los musulmanes a EE UU. «Sólo falta tatuarles números en los antebrazos», escribió Hilton en un artículo en «The Sunday Times», en el que acusa a May de ser «incompetente e irresponsable» por dejar que el resto del mundo piense que la salida de la UE significará cortar lazos con el exterior.

En la misma línea, Adam Marshall, presidente de las Cámaras de Comercio Británicas, advirtió de que «sería muy triste que las empresas que tuvieran una fuerza de trabajo global se vieran de alguna manera como una insignia de la vergüenza». Mientras, las universidades recordaron que los estudiantes no comunitarios son contribuyentes netos a la economía británica: aportan 7.000 millones de libras y generan unos 137.000 empleos.