Merkel blinda Alemania ante la amenaza yihadista

El Gobierno propone mantener en prisión a sospechosos sin cargos hasta 18 meses, así como sancionar a los países que no cooperen.

Miembros de la unidad especial BFE de la Policía federal alemana, durante un entrenamiento en Ahrensfelde, cerca de Berlín
Miembros de la unidad especial BFE de la Policía federal alemana, durante un entrenamiento en Ahrensfelde, cerca de Berlín

El Gobierno propone mantener en prisión a sospechosos sin cargos hasta 18 meses, así como sancionar a los países que no cooperen.

El salario mínimo, los impuestos y la subida del precio del alquiler fueron los principales temas de la campaña electoral de 2013. Entonces, el partido populista Alternativa para Alemania (AfD) era una formación insignificante y la reforma del sistema fiscal acaparaba la mayoría de los titulares de la Prensa. Problemas sociales propios del debate político que cuatro años después han quedado relegados, más aún tras el ataque de Berlín. La amenaza terrorista que se cierne sobre el país y, por ende, la incertidumbre y angustia que se han contagiado a buena parte de la sociedad alemana ha obligado a los partidos políticos a enmendar sus planes de cara a las legislativas de otoño y a poner en marcha o anunciar mecanismos contra la inmigración ilegal y frente al terrorismo.

En esta línea, el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, advirtió ayer de que su país mantendrá los controles fronterizos «mientras siga siendo necesario». Alemania implantó los controles de fronteras en plena crisis migratoria y en un intento por contener la llegada de refugiados al país. «La frontera germano-austriaca es un punto álgido para la inmigración ilegal», afirmó el titular de Interior, quien añadió que la implantación de controles fronterizos «no es el fin de Schengen», en alusión a la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos. De Maizière recordó que en la partida presupuestaria de su departamento ya está contemplado un aumento del contingente y destacó que era la primera vez en años que se adoptaba una decisión en ese sentido. Igual de conciso fue su colega, el ministro de Justicia, Heiko Maas, que se mostró ayer a favor de que potenciales terroristas puedan permanecer detenidos hasta 18 meses a la espera de su expulsión y sin existir delito concreto y quien defendió el uso de tobilleras electrónicas para la vigilancia de sospechosos.

En declaraciones a la televisión pública alemana, el ministro recordó que el tunecino Anis Amri, autor del atentado contra el mercadillo navideño, pasó dos días detenido a la espera de su expulsión tras haberle sido denegado el asilo, pero que, al no concretarse fecha para la misma, tuvo que ser puesto en libertad. Para Maas, tiene que ser posible que los potenciales terroristas puedan permanecer detenidos por el total de los 18 meses que contempla la Ley mientras esperan su expulsión. «No podemos depender de si un Estado pone o no a disposición documentos supletorios y eso es un vacío que ahora se ha puesto de manifiesto y que debe cerrarse», señaló aludiendo claramente al caso de Amri, que pudo permanecer en Alemania porque no era posible expulsarlo al carecer de la documentación necesaria, que deberían haber facilitado las autoridades tunecinas.

El ministro se pronunció también a favor de aumentar la presión sobre aquellos países que pongan trabas a la devolución de sus nacionales y advirtió de que «quien no coopera será sancionado». Unas advertencias que ganan más peso una vez que se ha hecho público que las autoridades encargadas de velar por la seguridad en Alemania tienen clasificados a 224 islamistas potencialmente peligrosos que aún residen en el país. De éstos, a 62 se les ha negado la solicitud de asilo que presentaron, algo que debería conllevar una expulsión inmediata que aún no se ha producido porque carecen de documentos válidos.

Respecto a ellos, Maas subrayó que «cuando sean expulsables, tendrán que irse», pero que «la pregunta es qué ocurre hasta entonces». El ministro, que se reúne hoy con Maizière para discutir las consecuencias del atentado en Berlín que dejó doce muerto, subrayó que un caso como el de Amri «no puede repetirse en Alemania». Al mismo tiempo, Maas se refirió al empleo de tobilleras electrónicas que, dijo, «no son la panacea», pues tampoco permiten evitar la comisión de delitos, «pero sí que ayudan a tener mejor vigilados a los potenciales terroristas». Para ello, dijo, ya ha presentado una propuesta de ley con el fin de que aquellas personas que han sido condenadas puedan ser obligadas a llevar una tobillera electrónica tras su puesta en libertad. Aun así, dijo querer ir más allá y permitir el empleo de estos dispositivos electrónicos también en el caso de potenciales terroristas, sin necesidad de existir un delito o una condena concretos, con el fin de poderlos vigilar mejor. Una medida que se anuncia cuando el jefe del sindicato de la Policía alemana, Rainer Wendt, ha criticado los anticuados sistemas de seguridad y vigilancia utilizados por la Policía federal.