Ortega expulsa al equipo de la ONU tras la publicación de un informe crítico con el Gobierno

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha ordenado expulsar del país a la delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos este viernes, dos días después de que la agencia de la ONU emitiera un informe en el que acusa al Gobierno y grupos afines de reprimir brutalmente las protestas y perseguir a los críticos.

La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha informado de que el jueves recibió una "comunicación"por parte del Ministerio de Exteriores de Nicaragua en la que "se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno a la OACNUDH".

"La misión se da por 'finalizada' a partir del 30 de agosto", señala el Alto Comisionado. Fuentes consultadas por la prensa nicaragüense han detallado que el Gobierno ha dado dos días al equipo de la ONU para que abandone la nación centroamericana.

El Gobierno esgrime que "dicha invitación fue extendida con el propósito de dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguimiento y que, al haber cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, se da por concluida la invitación".

La misión de la OACNUDH, que llegó a Nicaragua el pasado 24 de junio, ya ha comunicado al Gobierno que partirá el 1 de septiembre. No obstante, "proseguirá su labor de monitorear e informar sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de forma remota"y, en concreto, "continuará apoyando a las víctimas, sus familiares y a la sociedad civil".

También ha reiterado "su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos". A este respecto, ha considerado que las recomendaciones realizadas en dicho informe son "una herramienta valiosa".

"Se espera que puedan ser aprovechadan plenamente, no solo para la superación de la crisis actual", lo cual incluye "contribuir a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas", "sino también para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en el mediano plazo", ha apuntado.

El informe analiza lo ocurrido desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega. El detonante fue una polémica reforma de la seguridad social, pero rápidamente se ampliaron hasta exigir la "democratización"de Nicaragua.

El Alto Comisionado distingue una primera fase, desde abril hasta mediados de junio, en la que la Policía y grupos de civiles armados afines al Gobierno reprimieron las manifestaciones haciendo un uso desproporcionado de la fuerza; una segunda, desde mediados de junio a mediados de julio, dedicada a la "limpieza"de barricadas y tranques; y una tercera, la actual, que consiste en la persecución y criminalización de todas las personas percibidas como críticas.

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", dice en el informe el Alto Comisionado, Zeid Raad al Husein, instando a la comunidad internacional a "velar por la plena exigencia de responsabilidades"por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas.

De acuerdo con otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un total de 322 personas han muerto en estos cuatro meses de protestas, la mayoría a manos de la Policía y "fuerzas parapoliciales", mientras que se calcula que miles están detenidas, aunque no hay cifra exacta porque el Gobierno no proporciona información.

Ortega intentó desactivar la crisis política, la peor que ha sufrido en sus quince años de mandato, con un diálogo nacional. Sin embargo, permanece suspendido casi desde sus inicios por la negativa del líder sandinista a dimitir y convocar elecciones presidenciales anticipadas. Los próximos comicios están previstos para 2021.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el 5 de septiembre el informe del Alto Comisionado sobre Nicaragua. Se espera que en la misma sesión adopte decisiones al respecto.

"Ellos creen que con esta decisión (la expulsión) van a detener que el Consejo de Seguridad (...) conozca el caso de Nicaragua, (pero) están abonando precisamente para que tome las más altas decisiones", ha confiado la presidenta del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez.

"Es una decisión inaudita que refleja el estado de ánimo de una persona que se siente completamente perdida, que ya no puede de ninguna manera ocultar sus responsabilidades", ha añadido Marlín Sierra, la directora ejecutiva del CENIDH en rueda de prensa.

Ortega dejó claro el miércoles en un comunicado que "no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe por estar basadas en informaciones parcializadas y subjetivas", insistiendo en su teoría de que el Gobierno ha sido víctima de "un intento fallido de golpe de Estado".

El diario local 'La Prensa' ha informado de que este viernes, tras anunciar la expulsión de la misión del OACNUDH, el Ejecutivo ha desplegado en puntos estratégicos de Managua a la Policía antidisturbios, a la que se han sumado simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).