Pence salva a la secretaria de Educación de Trump con un desempate sin precedentes

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha hecho uso de su voto para romper el desempate que bloqueaba la aprobación en el Senado de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, en un hecho sin precedentes en la historia del país.

En medio de la gran tormenta judicial y política por el veto migratorio, la Administración Trump vivió ayer una segunda batalla cuando el Senado confirmó «in extremis» a la multimillonaria Betsy DeVos como futura secretaria de Educación del Gobierno. Para ello necesitó el apoyo del vicepresidente, Mike Pence, que deshizo el empate a 50 votos que cosechó entre los senadores la candidata. Es la primera vez que ocurre en la historia. Dos senadoras republicanas votaron en contra de DeVos, además de los 48 demócratas, quienes se turnaron durante las 24 horas antes de la votación para dar un maratón de discursos contra el nombramiento de DeVos ante el pleno del Senado. La votación se resolvió por 51 votos a favor, contando con el de Pence, que decide en caso de empate, y 50 en contra.

Nadie sabe en este momento cómo y cuándo terminará el caso en el Tribunal Supremo, pero lo hará. La prohibición temporal de 90 días de entrada en el país para los inmigrantes de siete países (Irán, Irak, siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y otra de 120 para los viajeros que llegasen con visado de refugiados será dirimida en la más alta instancia judicial.

Al cierre de esta edición, la Corte de Apelación de San Francisco veía las razones de los defensores de los inmigrantes y las del Gobierno, pero las dos partes anunciaban que recurrirían en caso de perder en esta instancia. Donald Trump anunciaba en una reunión sobre veteranos de guerra que «vamos a seguir el procedimiento. Es muy importante para el país», apuntó en clara referencia a que el procurador general, Noel Francisco, agotará todos los recursos. Mientras, prepara el caso para presentarlo ante el Tribunal Supremo. «Veremos lo que ocurre con la batalla judicial», manifestó el presidente, quien explicó que su decreto es «una cuestión de sentido común», ya que «el ISIS [por las siglas en inglés del grupo Estado Islámico] ha dicho que se infiltrará en Estados Unidos. Pero no se nos permite ser contundentes», planteó Trump.

Por tanto, las dos partes se preparan para la batalla en el más alto tribunal de Estados Unidos, que está compuesto actualmente por ocho jueces, cuatro liberales y cuatro conservadores, a falta de cubrir la plaza vacía tras el fallecimiento del juez conservador Antonin Scalia. Trump ha nombrado para sustituir a Scalia al juez del Tribunal de Apelaciones del Décimo Distrito, Neil Gorsuch. Pero sin duda los demócratas, que han declarado una guerra a brazo partido a Trump desde las elecciones, harán lo imposible para retrasar el proceso de confirmación de este juez. Al mismo tiempo, una victoria en este controvertido caso relanzaría al Partido Demócrata, que todavía busca líder tras el fracaso de Hillary Clinton.

No obstante, los jueces del Tribunal Supremo suelen dar a veces sorpresas. Por ejemplo, fue el presidente de este tribunal, John Roberts, nombrado por el republicano George W. Bush, quien hizo que prevaleciera la controvertida reforma sanitaria de Obama, al fallar a favor de la misma. En la actualidad, los jueces liberales son Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. Mientras, los conservadores son Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito y Anthony Kennedy, nombrado por el republicano Ronald Reagan, que suele ser el «swing vote» (voto péndulo, en inglés) que puede decidir con los conservadores o liberales, según el caso.

Ayer el procurador general y los representantes legales de los refugiados e inmigrantes afectados por el decreto de prohibición de viaje presentaron sus argumentos ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, uno de los tribunales de más tradición liberal en Estados Unidos. Los argumentos orales se plantearon ante dos jueces elegidos por presidentes demócratas y uno designado por un presidente republicano. La disputa legal se versa sobre la función del Poder Ejecutivo y la del sistema judicial. El procurador general, Noel Francisco, mantuvo que el presidente tiene el poder de decidir quién entra o se queda en el país. Mientras, los abogados de los refugiados que presentaron su caso ante el tribunal del Estado de Washington mantienen que el decreto de Trump es inconstitucional. De momento, el juez del distrito en Seattle James Robart, nombrado por Goerge W. Bush, bloqueó la orden del presidente como medida cautelar mientras llega el pronunciamiento sobre la demanda a Trump. Este magistrado explicó que la función de este tribunal no es crear políticas ni juzgar la sabiduría de ninguna política de los otros poderes. (...). La función del [Poder] Judicial y esta corte se limita a asegurarse de que las acciones llevadas a cabo por los otros dos poderes se conduzcan con las leyes de este país y, más importante, nuestra Constitución», escribió en clara referencia al Poder Ejecutivo del presidente Trump.

Entonces el procurador general recurrió a la Corte de Apelaciones, donde explicó que la restricción de viaje es «un ejercicio legal». Momentáneamente, la Corte de Apelaciones denegó la restauración inmediata de la prohibición hasta ayer.