Philippe promete controlar el gasto y bajar impuestos

El «premier» galo obtiene una amplia confianza en la Asamblea, con sólo 67 votos en contra.

Édouard Philippe, en la Asamblea
Édouard Philippe, en la Asamblea

El «premier» galo obtiene una amplia confianza en la Asamblea, con sólo 67 votos en contra.

Tras el discurso de Emmanuel Macron en Versalles, con la presentación de las grandes líneas de las reformas que quiere aplicar durante su quinquenio, ayer correspondió al primer ministro, Édouard Philippe, pasar a lo concreto, en algunos casos hasta el detalle, como el anuncio del paquete de cigarrillos a 10 euros o la obligación de aplicar once vacunas a los niños. A cada frase, la mayoría de la Asamblea, constituida por diputados de la República en Marcha, aplaudía. El jefe del Ejecutivo evocó en su discurso el nuevo rostro del Parlamento, y se refirió a algunos de sus diputados: «Una joven cuyos padres, un chófer y una cuidadora, no esperaban que su hija accediera a una gran escuela parisina y fuera abogada», «un agricultor de la Creuse, como su padre y su abuelo», «una oficial que ha participado en dos operaciones en el exterior dirigiendo una compañía franco-alemana», o «uno de los benjamines, nacido en Ruanda, y que puede estar hoy orgulloso de representar a la nación».

Philippe inició el anuncio de las prioridades del Gobierno por una «ley quinquenal de programación de los medios de la justicia», cuya prioridad será «luchar contra el terrorismo, el fraude organizado y la violencia, especialmente contra los más débiles». Mantienen la promesa de construir 15.000 plazas suplementarias de prisión porque «nuestra dignidad está en juego» y «la prisión no puede convertirse en un incubador de las faltas de civismo de mañana», afirmó Philippe.

En Sanidad, además de las vacunas obligatorias y del aumento del precio del tabaco (que supone para el Estado unos ingresos de 14.000 millones de euros al año), anunció «un plan contra los desiertos médicos» con la aplicación de la telemedicina. También marcó como prioridad la inclusión de las personas discapacitadas, porque «seremos juzgados por cómo nos comportamos con los más débiles».

El Gobierno de Edouard Philippe tiene como objetivo reducir por debajo del 3% del PIB el déficit a pesar de que el anterior ha dejado un agujero en las cuentas públicas de 8.000 millones de euros, según precisó la semana pasada el Tribunal de Cuentas. Deberán encontrar 4.000 millones para poder honorar su compromiso. «La situación financiera y presupuestaria es mala, es mala», repitió Philippe. En materia fiscal, algunas de las promesas de Macron van a tener que esperar, como la reforma del Impuesto sobre la Fortuna (ISF), que debía aplicarse sólo sobre el patrimonio inmobiliario a partir de 2018, pero que será retrasado hasta 2019. Y prima la imprecisión en cuestión de calendario sobre la reducción del impuesto sobre las sociedades de 33 a 25%, que será aplicada antes de que termine el quinquenio, igual que la convergencia de impuestos sobre la gasolina y el diésel. La supresión del impuesto sobre la vivienda se aplicará, pero sin un calendario preciso.

Tras la intervención del primer ministro, el primero en tomar la palabra fue su antiguo compañero de filas, Christian Jacob, que le «felicitó» en los días que era su presidente de grupo. «Espero que cuando se mire en el espejo piense en sus antiguos colegas», reprochó Jacob achacando al nombramiento de Philippe el que muchos hayan perdido su escaño.

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, denunció un «golpe de Estado social», mientras que la ultraderechista Marine Le Pen definió la alocución del primer ministro como «un vasto discurso de sumisión a la hoja de ruta impuesta por Bruselas». La Asamblea otorgó una amplia confianza a Philippe por 370 votos a favor, 67 en contra y 129 abstenciones.