Prisión preventiva para Kirchner

El juez ordena la detención de la ex presidenta argentina por «encubrimiento y traición a la patria» y pide al Senado que le despoje de los fueros que protegen a la actual legisladora.

Se estrecha el cerco sobre «la dama peronista». Ni siquiera la ex presidenta argentina es intocable. Ayer, el juez Claudio Bonadio, la nueva bestia negra del peronismo, ordenó prisión preventiva contra la ex jefa del Estado y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento –mediante un pacto con Irán– de los acusados iraníes del atentado contra una mutua judía en 1994. El magistrado pidió para ello al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.

Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a la presidenta argentina de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado. Según fuentes judiciales, el magistrado pidió su detención al considerar que, con los contactos de la ex mandataria, puede entorpecer la causa. También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos (unos 2,45 millones de euros).

La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández de Kirchner, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad a CFK–que juró su cargo recientemente, el 29 de noviembre, tras ganar en las elecciones de octubre–, para lo que será necesario el «sí» de dos tercios de los legisladores. No obstante, no se atisba que el desafuero pueda prosperar, debido a la posición histórica del peronismo tradicional de sólo quitar los fueros cuando hay una sentencia firme.

El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman vertió en enero de 2015 contra la entonces jefa del Estado y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de su muerte, de un tiro en la cabeza, en condiciones aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue sin duda alguna asesinado. El fiscal aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente iraní Ali Akbar Rafsanjani y el ex ministro de Exteriores Ali Akbar Velayati, para favorecer el intercambio comercial bilateral. En un dictamen de casi 500 páginas, Bonadio ordenó ayer otros procesamientos, varios de ellos con prisión preventiva: al ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D’Elía, que ya fueron arrestados durante la madrugada y primera hora de ayer, y otorgó el arresto domiciliario al ex titular de Exteriores Héctor Timerman debido a su delicado estado de salud. Asimismo, la decisión de Bonadio incluye el requerimiento de detener al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, a quien al cierre de esta edición, las Fuerzas de Seguridad todavía no habían localizado, y la detención en su casa del barrio porteño de Floresta de Jorge «Yussuf» Jalil, señalado como nexo informal entre Argentina e Irán. El juez considera que el delito imputado fue orquestado por la cúpula del Gobierno pero contó con la colaboración de distintos funcionarios.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.