Argentina

Un juez procesa a Cristina Kirchner por corrupción

La ex presidenta y tres colaboradores son acusados de asociación ilícita y fraude al favorecer a un empresario con contratos de obra pública. El magistrado ordena un embargo de 625 millones.

Imagen de 2015 de Cristina Fernández de Kirchner
Imagen de 2015 de Cristina Fernández de Kirchnerlarazon

La ex presidenta y tres colaboradores son acusados de asociación ilícita y fraude al favorecer a un empresario con contratos de obra pública. El magistrado ordena un embargo de 625 millones.

Se estrecha el cerco contra Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más acorralada por la Justicia y el Gobierno de Mauricio Macri. Un juez procesó ayer a la ex presidenta por el delito de «asociación ilícita y administración fraudulenta agravada» por la adjudicación de obra pública nacional durante los años que estuvo al frente del Gobierno. El fallo del magistrado se enmarca en la causa por la dirección de obras públicas viales al grupo Austral y también implica el procesamiento de los ex funcionarios Julio De Vido, ex ministro de Planificación de Obra Pública; José López, su ex secretario, y Lázaro Báez, testaferro de los Kirchner.

Para todos ellos, el magistrado también ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos –unos 625 millones de euros–. El juez dispuso «librar oficio al Banco Central de la República Argentina a efectos de hacerle saber que deberá arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los aquí procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones».

Cristina Kirchner fue citada el 31 de octubre pasado para una declaración indagatoria sobre el caso. Entonces señaló que no es «amiga ni socia comercial» de Lázaro Báez y también descartó haber dirigido licitaciones a favor del empresario. Denunció que la situación judicial en la que se encuentra inmersa es una «persecución política» y recordó que la figura penal de asociación ilícita «fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores». También dijo que no tenía «ni idea» de esos contratos y aseguró que de la obra pública «se encargaba el Parlamento», por lo que insistió en solicitar que se realice «una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos».

Sin embargo, numerosas investigaciones periodísticas demuestran los fuertes vínculos entre los Kirchner y el empresario, encarcelado desde hace ocho meses, quien llegó incluso a abonar todas las habitaciones de los hoteles de los Kirchner sin llegar a pernoctar en ellos, como pago de los presuntos favores recibidos. Sobre todo Báez cultivó una estrecha amistad con el ex presidente Néstor Kirchner desde los tiempos en los que éste era gobernador de la provincia de Santa Cruz, en el sur del país.

La ex jefa de Estado está acusada ahora de asignar discrecionalmente las obras viales en favor de Báez por 16.000 millones de pesos –unos mil millones de euros– cometiendo irregularidades en las contrataciones y pagando sobreprecios, pese a que muchos de esos contratos –en torno al 62%, según algunas fuentes– no se concretaron.

Cristina Fernández de Kirchner suma así una nueva causa en su contra, lo que genera bastante preocupación en Argentina. El «caso dólar futuro» es uno de los procesos que complica el futuro de la ex presidenta, «por administración infiel en perjuicio de la administración pública» al vender dólares por debajo del valor del mercado en ese momento. Al respecto, el abogado de la ex presidenta calificó de «disparate pensar» que la ex mandataria «puede ir presa» en esta causa. «¿Cómo se va a poder creer que lo que antes no era delito, ahora sí lo es?, ¿cómo se va a poder creer que una decisión de política económica, como la del dólar futuro, pasa de ser un día lícita a un día ilícita?», planteó el letrado sobre la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en las operaciones de venta de dólar futuro en la segunda mitad de 2015. También aseveró que la presencia de la ex mandataria en los tribunales «tiene más contenido para humillarla que contenido procesal», a la vez que afirmó que «hay una mano invisible que nada tiene que ver con lo jurídico».

Kirchner también fue imputada ante la sospecha de haber recibido sobornos –delito de cohecho– por parte de un grupo de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como «Los Sauces». Otra de las causas que acumula CFK es, por supuesto, lavado de dinero junto a su marido Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio junto a Báez y López, entre otros empresarios.

Además, en otra causa se investiga la ruta seguida por el dinero de los Kirchner. El empresario Báez habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior obviando el sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.