Purga en el Ejército turco

Casi cinco años después del comienzo de uno de los juicios más importantes de las últimas décadas en Turquía, un tribunal de Estambul ha desvelado el destino de las 278 personas que habían sido acusadas de planear un golpe de Estado contra el Gobierno del islamista Recep Tayip Erdogan en 2007. Los implicados en el llamado «caso Ergenekon» escucharon, una por una, las sentencias que condenan a cinco militares de alto rango, incluido al ex jefe del Estado Mayor, el general Ilker Basbug, a cadena perpetua por «conspirar para derrocar al Gobierno». La misma condena ha sido impuesta a otras quince personas, miembros de la supuesta red golpista de orientación nacionalista, que incluye a ex diputados, profesores universitarios y periodistas, además de destacados miembros del Ejército. Un centenar de acusados ha recibido sentencias de entre 2 y 49 años de prisión y otros 21 han sido absueltos.

Alrededor de diez mil manifestantes, contrarios al Gobierno del primer ministro Erdogan y su partido Justicia y Desarrollo (AKP), aguardaron la lectura del veredicto frente a las puertas del tribunal de Silivri, ciudad situada a 50 km al oeste de Estambul. Antes de que la Policía decidiera comenzar a dispersarlos con gases lacrimógenos tras desatarse los enfrentamientos, los allí congregados pidieron la renuncia del Gobierno bajo el lema «Todos unidos contra el fascismo». El rostro de Mustafá Kemal Ataturk, padre de la república laica, fue testigo mudo de la concentración, impreso en sendas pancartas que se agitaban junto a decenas de banderas turcas.

La polémica que ha rodeado el caso desde su comienzo, en octubre de 2008, se ha mantenido hasta el final no sólo por las duras condenas, sino, también, por la forma en que se ha desarrollado el juicio. Abogados, diputados, acusados y miembros de la Prensa fueron los únicos en estar presentes en la publicación del veredicto por razones de seguridad, una medida fuertemente criticada por la oposición, que considera que se vulnera el principio de las audiencias públicas. Ésta es una más de las ampollas levantadas por el proceso en la sociedad turca. Considerado por muchos expertos como una estrategia del Gobierno para purgar a la cúpula militar (y una revancha contra el intento de ilegalización del AKP por parte del Tribunal Constitucional), muchos lo han calificado de caza de brujas. Para los críticos con el partido gobernante, el juicio decanta a favor de Erdogan el pulso que mantiene con las Fuerzas Armadas, prácticamente intocables en un país donde su papel de adalid del laicismo las ha embarcado en tres golpes de Estado perpetrados en 1960, 1971 y 1980 y en lo que se denominó un golpe post moderno, que defenestró en 1997 al primer ministro islamista Necmetin Erbakan.

Muy distinto ha sido durante todos estos años el discurso del Ejecutivo, que apoya las palabras del Tribunal al definir la «trama Ergenekon» como «terrorista». Para los islamistas, el recelo que les enfrenta a unos militares de tradición golpista encontró justificación el 12 de junio de 2007, cuando la Policía encontró 27 granadas de mano en un suburbio de la capital turca, destapando la existencia de un supuesto complot para derribar al Gobierno. Según la acusación, los implicados planeaban sembrar el caos, organizando una campaña de desobediencia civil cuyo objetivo era el de obligar al Ejército a intervenir. La sentencia llega, además, en un momento convulso para Turquía. El primer ministro, Recep Tayip Erdogan sufre una de las mayores crisis políticas desde su elección en 2002. El pasado mes de junio, la plaza de Taksim se convertía en el símbolo de la oposición laica, anunciando oficialmente al mundo que los años dorados del Partido de la Justicia y el Desarrollo habían cambiado de color.