Putin irrita a la clase obrera

Son contadas las ocasiones en que la sociedad civil rusa despierta y se revuelve contra el Gobierno. Es el caso de la orden de destruir alimentos occidentales decomisados, norma promulgada por Putin la semana pasada y que entró en vigor este jueves. La medida afecta a los alimentos frescos descubiertos en territorio ruso introducidos de contrabando, con papeles falsos o a través de terceros países. Ayer se incineraron en San Petersburgo 40 toneladas melocotones y otra media de queso alemán llegado con bandera marroquí. El jueves en Samara fueron 114 toneladas de carne de cerdo, procedentes de Europa pero con bandera brasileña. También se destruyeron aceitunas, queso camembert, tomates y hasta Nutella. 315.000 personas han suscrito ya en la web Change.org una petición para detener la destrucción de alimentos. «Solicitamos al presidente derogar su decreto y nos dirigimos al Parlamento para que examine y apruebe una ley para la distribución gratuita de estos alimentos entre las categorías de población más necesitadas», reza la petición.

En Rusia hay 16 millones de pobres, cifra que ha aumentado con la recesión. En el primer trimestre del año se contrajo un 3,4% el PIB, mientras la cesta de la compra se encareció un 14,3%. La solicitud recuerda que «muchos ciudadanos se han visto obligados a limitarse en lo que comen, incluso hasta pasar hambre», así, «una nueva ley les ayudaría a compensar lo que perdieron por las sanciones». La propuesta recurre también al argumento práctico de que «la destrucción de alimentos es más cara que su distribución, de la que se encargarían gratuitamente organizaciones benéficas». Entre las voces críticas con la destrucción de alimentos se cuentan desde ecologistas y empresarios hasta sacerdotes ortodoxos y diputados de todos los colores de la habitualmente abúlica oposición rusa. El Gobierno por ahora se mantiene firme. «La destrucción de alimentos es dolorosa, pero debemos verla como parte de la lucha contra productos de dudosa calidad, la necesidad de poner fin al contrabando y de la efectividad de las contrapropuestas», justifica el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Se trata, continúa, de la seguridad del país, de dar mejores condiciones de competencia a nuestros productores nacionales frente a alimentos de dudosas condiciones sanitarias y al empleo de documentos falsos para su circulación. Alexei Alexeenko, portavoz de la Agencia Nacional de salud pública, insiste en la justificación sanitaria: «Además de contravenir la ley rusa, estos alimentos suponen un peligro para la salud pública porque no han pasado ningún tipo de control sanitario».

La medida, más que sanitaria, tiene principalmente un carácter intimidatorio, dado que Rusia estaba teniendo problemas para controlar el contrabando, principalmente en la frontera con Bielorrusia, vecino con el que comparte unión aduanera y que se negó a sumarse al veto agroalimentario pese a la petición de Moscú. Según los servicios de aduanas, de los 70-80 camiones que cruzaban ilegalmente a diario se ha pasado a entre 8 y 10 en la última semana.