¿Quién mató a Marielle Franco?

La sangre que corrió de Marielle Franco hace cinco años no ha generado justicia. Este martes, en Río de Janeiro ocurrieron actos conmemorativos y en reclamo por la impunidad del asesinato de quien era concejal del ayuntamiento de la ciudad, socióloga, activista por los derechos humanos y la población negra, y abiertamente lesbiana.

Franco murió por cinco disparos en un atentado que sufrió en una céntrica calle cuando tenía 38 años y tras participar en un acto de mujeres negras. Por aquellos días había estado denunciando la violencia en las favelas y el accionar de grupos parapoliciales en comunidades pobres. El ataque también acabó con la vida de Anderson Gomes, su chófer. La asesora Fernanda Chaves sobrevivió.

Este martes, seguidores y simpatizantes se concentraron en la Plaza Mauá, en el barrio Centro de Río de Janeiro. Los actos, que cerraron durante noche con un festival musical, tuvieron como punto central la develación por parte de sus familiares de una escultura de 11 metros instalada en las columnas de la entrada del Museo de Arte de Río (MAR) para recordar el legado de la activista y reclamar certezas: ¿quién ordenó su muerte?

La escultura "Corte Seco - Marielle" fue donada por el artista Paulo Nazareth al Instituto Marielle Franco, una organización creada por la familia de la activista con el objetivo de buscar y presionar por Justicia.

Su madre, Marinete Silva, recordó los últimos momentos con su hija y denunció los retrasos judiciales. Un día antes había asistido a una reunión con el grupo de trabajo federal establecido para ayudar en las investigaciones, aunque manifestó su inconformidad con la federalización del caso, que se decidió en febrero tras un primero intento rechazado en 2020.

El Comité de Justicia de Marielle y Anderson está integrado por el Instituto Marielle Franco, la concejala Mônica Benício, viuda de Marielle; Agatha Reis, viuda de Anderson, y las organizaciones Justiça Global, Terra de Direitos, Black Coalition for Rights y Amnistía Internacional, que ha denunciado el caso como un "retrato de la impunidad que reina en Brasil".

Durante estos cinco años, el caso ha tenido pocos resultados. En noviembre de 2018, la Policía Federal abrió una "investigación de la investigación", para indagar denuncias de irregularidades e injerencia en el trabajo de la Policía Civil y el Ministerio Público del Estado.

En marzo de 2019 el policía militar retirado Ronnie Lessa y el expolicía militar Élcio Vieira de Queiroz fueron detenidos y acusados ​​por el Ministerio Público estatal por el delito. El primero habría accionado el arma, y el segundo habría conducido el vehículo.

Más allá de la detención, el caso no ha avanzado en tribunales. "Ya son más de una docena de fiscales, tres presidentes de la República, tres gobernadores (de Río de Janeiro), tres procuradores generales de Justicia, tres comisarios... y ninguna respuesta", dijo dijo este martes la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Brasil, Jurema Werneck.

Y mientras la justicia se muestra paralizada, en el debate público se enarbolan las banderas de la concejala asesinada. En el Congreso se ha organizado una bancada Marielle, conformada por partidos de izquierda y diputados recién electos a escala acional y regional. Buscan impulsar las propuestas que abanderó Franco y exigir que se completen las investigaciones sobre su muerte.

Se trata de congresistas que se comprometieron con la "agenda Marielle" durante la campaña de 2022. De los 145 candidatos que lo hicieron, 44 resultaron electos y ahora se agrupan.

Asimismo, la primera dama Rosângela da Silva recordó a la activista y dijo que junto a su esposo Luiz Inácio Lula da Silva continúa "en la lucha por la justicia y para honrar su memoria". Mencionó la propuesta del Gobierno de crear el Día Nacional de Marielle Franco, que anunció el mandatario el pasado 8 de marzo.

La primera dama es cercana a Anielle Franco, hermana de Marielle y actual ministra de Igualdad Racial.

Los asesinatos completan media década sin que sus ejecutores hayan sido juzgados ni siquiera en primera instancia, y sin que se llegue a una conclusión sobre la existencia o no de una persona que ordenó el crimen.

Acusado de ser el responsable de los disparos que alcanzaron a la concejala y su chófer, Ronnie Lessa fue expulsado de la Policía Militar recién este año por su condena por tráfico ilegal de armas en la Corte Federal.

El exprimer ministro Élcio Queiroz permanece en prisión por la acusación de haber conducido el vehículo para que Lessa disparara contra las víctimas.

En cuanto a la federalización del caso, sigue estando en contra. “El crimen fue en Río de Janeiro, depende de las autoridades de Río de Janeiro que la respuesta se le tiene que dar a los votantes de Marielle, a la sociedad. Yo nunca perdí la esperanza, pero sigo en contra de la federalización”, dijo.

El actual director de la Policía Federal de Río de Janeiro, Leandro Almada, fue el responsable de señalar un complot que involucra a policías, milicianos y hasta a un exconsejero del TCE (Tribunal de Cuentas del Estado) como autor intelectual del crimen. A partir de ello, se produjo el primer pedido de federalización del caso, denegado por la Justicia, en 2020.

Los investigadores se negaron a dar entrevistas, pero algunos comentaron que una de las ventajas de la federalización sería la posibilidad de saber si el arma utilizada en el crimen se perdió de la propia colección de la Policía Federal.

Esto se debe a que los investigadores concluyeron que en el crimen se empleó una ametralladora HK MP5, utilizada tanto por las fuerzas especiales como por la PF. Ya se sabe que un arma de la Policía Federal, del mismo modelo, se perdió del arsenal y nunca se encontró. En su momento, los investigadores de la Policía Civil incluso consideraron que se utilizó esta arma, pero no se comprobó nada.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció en febrero de este año la ayuda de la PF en las investigaciones.