Trabajos británicos para ciudadanos británicos

El Gobierno de May exigirá a las empresas el listado de los trabajadores extranjeros para priorizar a los nativos y limitará la entrada de estudiantes como medidas para atajar la inmigración.

Reino Unido aún no ha salido de la Unión Europea. Es más, el artículo 50 del Tratado de Lisboa con el que comenzará oficialmente el divorcio no se activará hasta finales de marzo de 2017. Pero el Gobierno de Theresa May no quiere perder el tiempo para frenar la inmigración, cuestión que protagonizó la campaña ante el histórico referéndum de junio y que ha vuelto a ocupar todos los debates durante el primer congreso anual que el Partido Conservador ha celebrado tras el Brexit.

Con el fin de limitar el número de extranjeros, el Ejecutivo de May quiere obligar a las empresas a revelar el número de trabajadores tanto comunitarios como extracomunitarios como medida de presión para que se contrate a personal nacional. En definitiva, «trabajos británicos para ciudadanos británicos», un titular que ayer protagonizó todas las portadas y que ha dado más munición a los críticos para acusar a la formación de xenófoba.

La ministra del Interior, Amber Rudd, que hizo campaña por permanecer en el bloque, pero que ahora claramente ha cedido a las presiones del ala más euroescéptica del partido, señaló que el objetivo era asegurar «que la gente que viene está llenando los vacíos en el mercado laboral, no asumiendo trabajos que podrían realizar los británicos».

Aunque de momento tan sólo son propuestas que están en consideración, el Ejecutivo también valora imponer nuevas restricciones a los estudiantes extranjeros, en función de la calidad de la universidad o institución, así como la creación de un fondo de 140 millones de libras para el «control de los inmigrantes». A pesar de que el número de estudiantes extranjeros ha descendido un 15% en 2016 (160.000 personas) comparado con el año anterior, según Rudd, las universidades suponen una de las principales puertas de entrada, ya que una vez han finalizado sus estudios, los alumnos deciden quedarse en el país para buscar un empleo.

La inmigración neta en Reino Unido sigue en cifras récord. Los últimos datos la sitúan por encima de las 327.000 personas el año pasado, tres veces más del umbral del objetivo marcado por el anterior Ejecutivo de David Cameron, en el que May fue responsable del Ministerio de Interior. Uno de los sectores en los que trabaja un mayor número de inmigrantes es el sanitario. El 37% de los médicos que trabajan en Reino Unido obtuvieron su licenciatura en otros países. Pero con el argumento de tener un sistema de salud pública «autosuficiente», el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, se ha propuesto lograr que en diez años todos los médicos que ejerzan en el país sean británicos.

En definitiva, reducir la inmigración se ha convertido casi en una prioridad para todas las carteras. Y aunque el Ejecutivo defiende que los «británicos dejaron muy claro que querían un cambio», la batería de medidas ha desencadenado una oleada de críticas, empezando por la oposición laborista, cuyo líder, Jeremy Corbyn, acusó ayer a los «tories» de promover la «xenofobia y el odio». «Publicar listas de trabajadores extranjeros no impedirá que las empresas sin escrúpulos bajen los salarios en Reino Unido. Cerrar la puerta a los estudiantes internacionales no hará que los jóvenes puedan pagar sus deudas con las universidades, y rechazar a los médicos extranjeros no reducirá las listas de espera», señaló.

Por su parte, Josh Hardie, director general de la organización patronal británica (CBI), afirmó que «las empresas británicas invierten 45.000 millones de libras al año en formación de trabajadores en Reino Unido. Sin embargo, hay falta de capacitación adecuada en este momento y si las empresas no ocupan ese lugar no pueden crecer», matizó. «Entendemos la preocupación pública y por qué es importante controlar la inmigración, pero el Gobierno debería estar trabajando en estrecha colaboración con las empresas para crear un sistema que funcione, en lugar de crear más capas burocracia en un momento en que el país tiene que estar abierto a los negocios», concluyó.

Las universidades también pusieron el grito en el cielo y denunciaron que un alumnado internacional es esencial para la competitividad global de los centros. Además, señalaron que los estudiantes no comunitarios son contribuidores netos a la economía británica: aportan 7.000 millones de libras y su presencia genera cerca de 137.000 empleos en todo el país.

Con todo, May insiste en que hay que escuchar la voluntad expresada por los británicos en la consulta. En el discurso con el que ayer clausuró el congreso «tory», la «premier» anticipó que las negociaciones para el Brexit serán «duras» y requerirán un «ceder y tomar». En un intento por que la salida del bloque no centrara todo su primer discurso ante sus filas como primera ministra, May explicó también el giro al centro político que marcará su Gobierno y prometió trabajar para todos los ciudadanos y no para «unos pocos». Anunció una batería de medidas sociales en una búsqueda clara de ganarse a los desencantados votantes laboristas.