Guerra en Siria
Siria, un país desangrado tras cuatro años de guerra sectaria
Asad doblega a los rebeldes mientras el foco internacional recae sobre el EI
Tras cuatro años de guerra, Siria se encuentra en un callejón sin salida. Los ideales revolucionarios de aquellas manifestaciones que comenzaron en Deraa el 15 de marzo de 2011 yacen bajo los edificios derrumbados o enterrados junto a los 200.000 muertos que ha dejado este cruento conflicto. El país afronta una sangrienta guerra sectaria entre una minoría alauita que se aferra al poder y una cada vez más radicalizada oposición suní que lucha entre sí, y una conquista de los yihadistas desde el norte que poco a poco van engullendo el territorio.
El régimen de Bachar Al Asad está aprovechando que toda la atención internacional se centra en combatir al Estado Islámico en el norte de Siria para seguir actuando con impunidad, masacrando a la población civil con bidones de TNT y armas prohibidas como las bombas de cloro. Desde finales de 2013, los ataques con barriles bomba han causado miles de muertos y mutilados, y han provocado un daño devastador en infraestructuras y viviendas. Human Rights Watch ha documentado más de 1.000 bombardeos con barriles de dinamita en Alepo en el último año, desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2139, que exigía detener estos ataques. De poco ha servido.
A los sirios no les queda nada más que seguir huyendo. La crisis siria es una de las más graves de la última década con casi cuatro millones de refugiados y otros 1,5 millones han emigrado en busca de trabajo a otros lugares, mientras que más de seis millones de personas (un 40% de la población del país) se han visto obligados a desplazarse internamente. Este año lo hará otro millón más, según advierte Acción Contra el Hambre.
Los países vecinos de acogida han empezado a limitar la entrada a los refugiados. El caso más alarmante es Líbano. Con una población de 4,2 millones de habitantes, acoge entre 1.200.000 y 1.500.000 sirios, según datos de ACNUR, lo que representa que una de cada cinco personas es refugiada. Esta situación tiene desbordadas a las autoridades libanesas que han decidido cortar por lo sano y cerrar sus fronteras. Aunque oficialmente no lo reconocen, la nueva normativa obliga a los sirios a pagar una tasa de 200 dólares por persona cada seis meses para renovar su estancia en el país. De lo contrario, deben abandonar Líbano, ya que se les considera ilegales.
Según la nueva legislación libanesa, los sirios deben solicitar un visado de entrada en las categorías de turista, negocios, estudios, o tratamiento médico. Las nuevas medidas de regularización y renovación de residencia dejan a la mayoría de sirios en el limbo legal. Incluso, aunque están registrados en las oficinas de ACNUR, la agencia de la ONU no puede ofrecerles protección. La situación se agrava para aquellos que entraron al país por los bordes fronterizos no oficiales, ya que deberán pagar una penalización de 650 dólares y salir del país.
La situación de los que han huido a los países vecinos y viven hacinados en campos de refugiados no es peor que la de aquellas familias que resisten dentro de Siria. «Cuatro de cada cinco sirios viven por debajo del umbral de pobreza y casi dos tercios de la población sobrevive en la pobreza extrema en lucha por tener alimentos básicos y productos no alimentarios necesarios para mantener sus hogares, mientras que un 30% vive en la pobreza extrema y no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas», advierte el estudio «Siria: alienación y violencia. Informe del impacto de la crisis en Siria», realizado por el Centro Sirio para la Investigación Política, con el apoyo de la ONU.
Los menores son la primera víctima de este conflicto. Más de cinco millones y medio de niños viven en una situación «desesperada», alerta Unicef. De esta cifra, unos dos millones viven sitiados en zonas de combates, y otros dos millones, en campos de refugiados del Líbano, Turquía y Jordania. La mitad de los niños en edad escolar no han asistido a la escuela en los últimos tres años, y muchos menores se han visto obligados a trabajar o acudir a la mendicidad.
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