Tailandia afronta protestas mientras paraliza la democracia

Tailandia se encuentra inmersa en una nueva tormenta política después de que el Parlamento excluyera a su candidato a primer ministro, Pita Limjaroenrat, lo que enfureció a sus partidarios y allanó el camino para que sus socios de coalición opten a ocupar la jefatura del Gobierno, dejando al país en un limbo político.

A la espera de lo que ocurra el próximo 27 de julio en una nueva votación para elegir al futuro primer ministro, las calles de Bangkok han vuelto recibir a cientos de manifestantes, pacíficos de momento, mostrando su frustración con el icónico saludo reivindicativo de «tres dedos», inspirado en la novela distópica que fue llevada al cine «Los Juegos del Hambre», y que cobró protagonismo durante sus históricas protestas prodemocráticas como símbolo de rebelión. En medio de una gran incertidumbre, el sentimiento popular refleja un poderoso anhelo de alcanzar de una vez por todas un panorama democrático sin trabas.

El partido progresista Move Forward (MFP), centrado en la juventud, obtuvo el mayor número de escaños en las recientes elecciones nacionales y formó una coalición prodemocrática que aspira a lograr la mayoría en el Parlamento y proclamar primer ministro a Pita, su líder.

El problema para Pita o para cualquier formación democrática tailandesa es que el primer ministro es elegido en virtud de la Constitución de 2017, redactada por los militares. Esta otorga a los 250 miembros del Senado, que fueron nombrados en 2019 por la anterior junta militar, derecho de voto para elegir al primer ministro.

Esto implica que un candidato necesita 376 votos del total de 750 parlamentarios para ser elegido primer ministro, pero tan sólo 500 han sido elegidos democráticamente. De ellos, la coalición de Pita sólo controlaba 312 escaños. Esta característica de la Constitución está diseñada para permitir que el Senado, nombrado por el Ejército, desempeñe con pocos obstáculos el papel de saboteador.

Antes de la primera ronda de votaciones, Pita y su partido se encontraron con otros dos obstáculos importantes: el Tribunal Constitucional había recibido dos demandas contra ellos. La primera, alegaba que MFP «intentaba derrocar el sistema democrático con su majestad el rey como jefe del Estado». La segunda, remitida por la Comisión Electoral, argumentaba que el político debía ser destituido como diputado por poseer acciones de una empresa de medios de comunicación cuando se inscribió, que ya no está operativa. Según la legislación local, toda persona que posea una compañía mediática tiene vetado el acceso a un cargo público. A pesar de ello, el 13 de julio se permitió a Pita presentarse a la primera vuelta, pero se quedó corto con 324 votos.

Antes de la segunda vuelta, el tribunal anunció la suspensión de Pita y las fuerzas conservadoras del parlamento se unieron para impedir que volviera a presentarse. Cabe señalar que tanto la Comisión Electoral como el Tribunal Constitucional se consideran en general vehículos de las élites conservadoras, y han dictado en repetidas ocasiones sentencias falsas o adversas contra partidos y políticos liberales que podrían desafiar el poder de los militares o la monarquía.

El resultado de la consulta enfureció a los electores tailandeses, ya que esto demostró que el Ejército sigue teniendo peso político y que puede seguir bloqueando la transición del país hacia la democracia y el impulso de las reformas sociales y políticas.

Estas medidas dejan a Pita en un callejón sin salida, aunque la coalición de ocho partidos que él mismo formó aún tiene posibilidades de poner fin a casi una década de Gobierno militar. Su facción aboga por cambios radicales en la burocracia, la economía, el Ejército y la monarquía del país, lo que le convirtió en objetivo de los conservadores más poderosos y antidemocráticos.

Tras una participación récord en las urnas, el resultado ilustra el cansancio de los votantes con el sistema político y representa un desafío al poder. También refleja una tendencia de creciente desconfianza en las élites e insatisfacción con el statu quo político.

A pesar de todo, el propio Pita ha manifestado que está dispuesto a dejar que su socio de coalición, Pheu Thai, dirija la formación de Gobierno en caso de que fracase en sus intentos de asegurarse el poder o de eliminar el poder de voto del Senado, de 250 miembros y repleto de aliados de la realeza, en la elección del nuevo líder.

Tras dos episodios de golpe militar en 2006 y 2014, Tailandia se ha sumido en una autocracia militar-palaciega que emplea un sinfín de tácticas para reprimir a la sociedad civil opositora. El nexo entre el Ejército y la monarquía ha dominado el panorama político del país a pesar de breves intervalos democráticos.

De hecho, los últimos acontecimientos guardan asombrosas similitudes con los ocurridos anteriormente contra Thanathorn Juangroongruangkit, líder del partido predecesor de Move Forward (MFP). El mismo tribunal declaró a Thanathorn culpable de poseer acciones de medios de comunicación y le inhabilitó como parlamentario. Su partido fue posteriormente disuelto, lo que desencadenó un movimiento de protesta masiva.

En las manifestaciones de 2020, los estudiantes tailandeses exigieron reformas de la monarquía y el Ejército, pidiendo que se frenara el poder de la familia real y se eliminara la ley de lesa majestad, que prohíbe criticar a la institución. El Gobierno reaccionó a las históricas movilizaciones con medidas drásticas, deteniendo y procesando a miles de personas. Con el tiempo, el movimiento prodemocrático se desvaneció, pero el descontento con la alianza monárquico-militar no se ha disipado.

El resultado de las elecciones de mayo demuestra que esas exigencias permanecen. Así, los tailandeses siguen cuestionando en redes sociales a la tradicionalmente intocable familia real. Esto no sólo es un signo de cambio de época, sino también un riesgo considerable en un país donde criticar a la monarquía se castiga con hasta 15 años de cárcel.