Un ejército de 200.000 personas para mantenerse en el poder

La línea entre la democracia y la dictadura constitucional ya era delgada durante el Gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, en estos comicios sus herederos parecen dispuestos a cruzarla, utilizando toda la artillería pesada que el Estado les otorga con tal de ganar, aunque esto suponga hacer trampas. Wilson Rivas ya no encuentra sitio para aparcar su destartalado autobús rojo, en el barrio 23 de Enero. Mientras conduce su vehículo por las empinadas cuestas pregunta a una de las vecinas si conoce dónde estacionan las camionetas que trasladarán a los votantes hoy, cuando se celebran las elecciones presidenciales. Rivas es apenas una de las piezas de un vasto engranaje del oficialista partido socialista, que movilizará a miles de electores. Pero no es sólo estructura, también hay estrategia: el oficialismo pone en marcha un mecanismo denominado «1 por 10», según el cual los miembros del partido se encargan de monitorear que al menos diez de sus conocidos sufraguen.

Se trata de una maquinaria bien engrasada de promoción del voto, que fue construida en los 14 años de Gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez. Cuenta con unas 200.000 personas, incluidos motociclistas del común y transportistas públicos. Su principal beneficiario, el presidente encargado Nicolás Maduro, de 50 años, sabe cómo afinarla casi a la perfección después de los años que ha servido como leal soldado de la causa chavista; una causa que ha ganado por cuatro veces consecutivas las elecciones presidenciales. El aparato de promoción oficialista podría ser mayor si se considera a los casi 2,7 millones de empleados estatales, algunos de los cuales hacen campaña abiertamente a favor del candidato oficialista, y otros que son presuntamente presionados a votar por él bajo amenaza de perder su trabajo.

En una marcha la semana pasada a favor de Capriles, un ama de casa de 46 años, casada con un guardia de seguridad en la empresa petrolera estatal, lanzó una letanía de quejas contra el Gobierno. «Ellos tienen que vestir de rojo, nadie puede decir nada en contra del Gobierno», dijo la mujer a LA RAZÓN sobre lo que tiene que hacer su esposo y sus compañeros. Su rostro se tensó al darse cuenta de que podría aparecer publicado su nombre que, por supuesto, se abstuvo de dar. Esto sin contar a los millones de beneficiarios de los programas sociales y subsidios creados por Chávez, algunos convencidos de votar por el sucesor del popular comandante, y otros presuntamente atemorizados por el oficialismo que infunde el rumor de que las prebendas sociales las suprimiría el candidato opositor Henrique Capriles, de 40 años.

Desde 2003, Chávez, fallecido el 5 de marzo, comenzó a crear una serie de programas estatales conocidos como «misiones» (campañas de alfabetización, mercados populares, pequeños hospitales, entre otros), para atender a los sectores mayoritariamente pobres del país, donde concentraba su poder electoral. Como parte de estos programas, el Gobierno hizo censos de los beneficiarios, lo que le permitió construir una base de datos con direcciones, números de teléfono, miembros de las familias, ingresos y trabajo. Otros critican el uso del poder de las instituciones con fines políticos, incluyendo al Ejército, y que la oposición reclama su neutralidad. A finales del mes pasado, el diputado opositor Alfonso Marquina denunció que militares le hicieron llegar un supuesto documento de cien páginas, en el que señala que miembros de la Guardia del Pueblo (un cuerpo especial de la Guardia Nacional) y de la milicia serían desplegados en todo el país para incitar a los ciudadanos a votar a favor de Maduro.

De forma paralela, la televisión estatal transmite por completo cualquier acto de Maduro y apenas fragmentos de la oposición, que sólo recibe atención completa del canal privado Globovisión. Está previsto que el único canal opositor pase a manos de empresarios afines al Gobierno, el próximo lunes.