Un juez anula el veto de Trump a la solicitud de asilo de ilegales

El presidente califica de «absurda» la suspensión temporal de las restricciones de acogida. Ante el informe de la CIA sobre Khashoggi, reitera su respaldo al príncipe heredero.

Nuevo contratiempo judicial para la Casa Blanca. El juez federal Jon S. Tigar, del Tribunal de Distrito en San Francisco, ha revocado la orden que bloqueaba durante los próximos 30 días las solicitudes de asilo de los inmigrantes. Un gesto aplaudido por unos y tachado de grandilocuente por otros. Un rotundo y a la postre frágil cortafuegos destinado a desanimar a los integrantes de la caravana que recorre México rumbo a EE UU. Ahora, con la disposición del juez Tigar, volverá a ser indiferente si los solicitantes han respetado o violado los protocolos estipulados por la ley. Si entraron en el país de forma legal o saltándose la valla. Será así hasta que el tribunal resuelva, y por supuesto, decida lo que decida, el caso acabará ante el Supremo. Justo igual que ocurrió con el veto a la entrada en Estados Unidos de los ciudadanos de una serie de países.

El presidente norteamericano tardó unas horas en reaccionar, pero calificó la medida judicial de «absurda». El Departamento de Justicia defendió la potestad del Ejecutivo de limitar la entrada de inmigrantes en aras de la seguridad nacional. «Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional [el asilo] no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración en base al interés nacional», aseguró en un comunicado la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en sus siglas en inglés), Katie Waldman.

El pasado 9 de noviembre, en un acto solemne, el presidente estadounidense habló de un movimiento masivo de extranjeros que «contribuirá a la sobrecarga de nuestro sistema de inmigración y asilo y a la entrada de miles de extranjeros en el interior de Estados Unidos». Habló de oleada. De inmigrantes ilegales en cantidades nunca vistas. De una «crisis que socava la integridad de nuestras fronteras». De modo que resolvió actuar. A tal efecto, y decidido, se comprometió a garantizar tanto la estabilidad del sistema de asilo como del tejido social del país, prohibió durante 90 días la entrada en EE UU a quienes hayan tratado de cruzar la frontera de forma ilegal. De nada serviría que los «sin papeles» pudieran demostrar «que han huido de la persecución y garanticen los muchos beneficios especiales asociados».

Pero en opinión del juez Tigar, «cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente».

La demanda contra la orden presidencial fue interpuesta por la ACLU, el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró ante los periodistas la decisión del juez. «El tribunal ha dejado claro que la Administración no tiene el poder de imponerse al Congreso y que, en ausencia de una intervención judicial, esto provocaría un daño real». Estaba en juego decidir si el Gobierno tenía la potestad de alterar las disposiciones establecidas por el Poder Legislativo en materia de asilo. Decidir si en caso de emergencia nacional, que es como el presidente definió la situación en la frontera, ameritaba tales medidas. Según la ley cualquier, persona que llegue a Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo. Esto no significa ni remotamente que llegue a conseguirlo. Pero sí que al menos la garantía de que su caso será estudiado.

Según recuerdan medios como el «New York Times», la Casa Blanca mantiene que los inmigrantes ilegales, posiblemente asesorados por las mafias que les ayudan a llegar hasta la frontera, estarían aprovechándose de las particularidades de la ley.

La decisión de restringir el asilo había llegado después de que Trump ordenara el despliegue de varios miles de soldados en la frontera sur. Con la impetuosidad que le caracteriza, y dirigiéndose a los descamisados que recorren México, escribió un tuit donde trataba de disuadir a la caravana de centroamericanos de que cruzase la frontera. La imagen de ayer era la de un imponente muro de alambre de espino en mitad del desierto, iluminado por los focos y patrullado por el Ejército.

En otro orden de las cosas, el presidente norteamericano emitió ayer un comunicado en el que minimizó la participación del príncipe heredero saudí en la muerte del periodista crítico Jamal Khashoggi. Trump defendió que la relación de EE UU es con «el reino de Arabia Saudí» y priorizó las relaciones comerciales y geoestratégicas. Tachó de «ingenuo» cancelar los multimillonarios acuerdos de venta de armas porque «Rusia y China se beneficiarían y estarían encantados de adquirir todo eso». Lo hizo antes de recibir un informe de la CIA en el que, como se avanzó, se apunta al heredero saudí como el «cerebro» del asesinato del periodista.