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Videla no recibirá honores militares durante su entierro

Jorge Rafael Videla, durante el juicio por crímenes de guerra en 2010
Jorge Rafael Videla, durante el juicio por crímenes de guerra en 2010larazon

El exdictador argentino Jorge Rafael Videla, que falleció ayer a los 87 años de edad de muerte natural, no recibirá 'ningún honor militar' durante su entierro, aunque aún se desconocen el día y el lugar en el que sus restos serán sepultados, según ha informado este sábado en su edición digital el diario 'Clarín'.

Según una fuente del Estado Mayor General del Ejército, Videla, cuyos restos aún permanecen en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense de la capital argentina, Buenos Aires, no recibirá ningún tipo de honor militar durante su entierro.

"Videla fue destituido del Ejército y, además, está vigente desde 2009 una resolución firmada por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré que prohíbe honras en los funerales a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan estado involucrados en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos", ha declarado la fuente.

Ideólogo de la represión de Estado en Argentina entre 1976 y 1983, Videla murió en la cárcel por causas naturales. Los médicos indicaron que la causa oficial del deceso fue un paro cardiorrespiratorio. Falleció solo, aislado y repudiado por la mayoría de la sociedad argentina. El periodista Raúl Kollman informó ayer que Videla se despertó a primera hora de la mañana y que comenzó a sentirse mal. Entonces, fue al baño y, en ese mismo lugar, le encontraron sin vida pocos minutos después. Al cierre de esta edición, las autoridades compententes continuaban realizando la autopsia al cadáver.

La muerte de Rafael Videla supone la última de los hombres que conformaron la Junta Militar, integrada, además, por el comandante Orlando Ramón Agosti, quien falleció en 1997, y el almirante Emilio Eduardo Massera, quien murió en 2010. Fue uno de los hombres más controvertidos y odiados de Argentina y bajo su temido régimen murieron o desaparecieron alrededor de 30.000 personas.

Videla, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1976, fue condenado a cadena perpetua en 2010 por la desaparición de 31 detenidos y a otros 50 años en 2012 por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. Sin embargo, él nunca se arrepintió del puño de acero que utilizó durante su presidencia y, en sus últimos años, se encargó de difundir varios ataques contra la gestión de la actual presidente Cristina Fernández de Kirchner. Además, el pasado martes, se negó a declarar durante el juicio «Plan Cóndor», en el que estaba siendo juzgado junto a otros 25 acusados, entre ellos el último gobernante de facto, Reynaldo Bignone. Allí se describió como un preso político y dijo que tenía una pérdida de memoria. En otros juicios a los que asistió LA RAZÓN, en Córdoba –norte de Argentina–, llegó incluso a quedarse dormido mientras las víctimas relataban las torturas a las que fueron sometidos.

Su última gran provocación fue el pasado marzo, cuando desde la cárcel habló a sus ex camaradas de las Fuerzas Armadas «de 58 a 68 años que aún estén en aptitud física de combatir» y les propuso armarse para enfrentar a «la presidenta Cristina y sus secuaces».

El ex dictador no recibirá ningún honor militar cuando sea sepultado hoy. La prohibición viene a raíz de su destitución del Ejército y por una resolución que inhabilita los funerales de integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan estado involucrados en causas de violaciones a los derechos humanos.

Pero no todos los argentinos comparten ese afán por encarcelar a los responsables de atrocidades como las cometidas por Videla, por cierto, casi todos ex militares y policías. A pesar de que ya han pasado 37 años, las heridas no cicatrizan en la sociedad argentina y hay una minoría que enarbola argumentos que justifican lo ocurrido. Asegura que no hubo terrorismo de Estado sino una guerra, reclaman que se juzgue también a los guerrilleros que quisieron tomar el poder y se quejan de que Argentina se encuentra gobernada por ex montoneros (militantes de izquierda). «Con el Proceso [de Reorganización Nacional, nombre con el que se autodenominó el Gobierno militar] se evitó que este país cayera en un régimen diferente a la democracia», asegura a LA RAZÓN Jorge Mones Ruiz, un ex mayor de Caballería que fue escolta presidencial del mandatario de facto Jorge Rafael Videla cuando éste llegó al poder.

«No es justicia, es venganza»

En los juicios a los ex militares se han comprobado torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, fusilamientos, el arrojo de prisioneros al mar e, incluso, la apropiación de niños, un delito por el que el propio Videla fue condenado a cadena perpetua.

En 2003, tras la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el Congreso declaró nulas las amnistías y se abrieron decenas de causas contra efectivos de los cuerpos de seguridad, muchas aún en curso. «Esto no es justicia, sino venganza. Los terroristas del ayer, son el Gobierno de hoy», dijo Mones Ruiz a contracorriente de lo que piensan la mayoría de los argentinos y los organismos internacionales, que han elogiado los esfuerzos del país por juzgar los crímenes de la llamada «guerra sucia».