“300 y 500 euros para eternos aliados de la Junta de Andalucía”

CGT acusa al Gobierno regional de «privatizar» la mediación laboral en favor de la patronal, UGT y CC OO

Hay decisiones que despiertan rebeldías. Una del Gobierno andaluz lo ha hecho. Desde el sindicato CGT explicaron ayer a LA RAZÓN que en el «empeño» de aquél por «privatizar los servicios públicos» ha «obligado a la clase trabajadora» a que, a partir del pasado 1 de octubre, tenga que acudir al Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA en corto) en el caso de que una empresa sancione a unos de sus empleados «por cualquier motivo». Fuentes de la mencionada organización sindical relataron que antes el trabajador que se viera en ese supuesto tenía que dirigirse «al Centro de Mediación y Arbitraje y Conciliación Previa (CMAC) como paso previo a la demanda ante el juzgado de lo Social, donde un funcionario de carrera intentaba la conciliación entre las partes». Si bien, desde el principio de este mes deberá dirigirse al SERCLA, según lo fijado en «el acuerdo de la Comisión de Seguimiento de este organismo de fecha 18 de julio 2018, publicado en el BOJA el 3 de agosto». «Esa entidad –cosen– está formado por representantes ‘liberados’ a cargo de la Administración andaluza, de la patronal y de los sindicatos CC OO y UGT, por lo que el dinero que pagamos con nuestros impuestos irá directamente a sus bolsillos». Dicho de otra manera: «Cuando tu vecino demande a su empresa porque lo han sancionado, tú vas a pagar a los empresarios, a CC OO y a UGT por apropiarse del trabajo de los funcionarios públicos, mientras se genera una nueva bolsa de 'liberados' institucionales que cobrarán pingües cuantías económicas por cada proceso de mediación». En concreto aseguran que se embolsarán «300 euros» por sesión que no acabe en un pacto y «500» si éste si se alcanza. «Y todo ello, en detrimento de los servicios públicos, que en este caso se privatizan en Andalucía en favor de los eternos aliados de la Junta», lanzaron.

CGT advierte de que hace sólo unos días que han tenido conocimiento de una sentencia que le dio la razón en Castilla y León y que ha impedido «el monopolio y la gestión privada de las conciliaciones laborales individuales de todos los trabajadores de aquella comunidad autónoma que no quieran someterse a este sistema». Es más, asevera que gracias a aquel proceso judicial se supo que integrantes de su organismo asimilable al SERCLA «carecían de formación relacionada con las relaciones laborales» y que tres de ellos sólo contaban con «el título de graduado escolar». Desde ahí, fuentes de este sindicato avisan de que en Andalucía «no permanecerán impasibles» ante lo que consideran es un «nuevo atropello a los servicios públicos», además de «una compra de voluntades con 'liberados' y millonarias cuantías económicas para patronal y sindicatos» de por medio.