Ecologistas acusa al jefe de Contratación de Medio Ambiente de un presunto delito de prevaricación.

La investigación sobre la actuación de la mesa de contratación del concurso que se convocó para cubrir el aprovisionamiento de medios aéreos del Plan Infoca en el periodo 2015/2018, que arrancó con la denuncia de un funcionario, sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla sin fuegos de artificio. Es más, la titular del órgano judicial ha admitido a trámite, en un auto fechado el 26 de enero, una querella criminal formulada por la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla para poder ejercer la acción popular por un presunto delito de prevaricación, que además «podría suponer un riesgo para el medio ambiente y otros valores protegidos por las leyes».

¿Contra quién se ha interpuesto? El jefe del servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, A. M. L., y contra «cualesquiera otra personas físicas o jurídicas que pudieran resultar posteriormente investigados por los hechos que han motivado» la instrucción. Cabe recordar que, como ya adelantó LA RAZÓN, en el proceso de adjudicación no se dio traslado a la Agencia Andaluza de la Competencia de la preceptiva comunicación de posible colusión –pacto a dos para perjudicar a un tercero– de empresas y, según consta en la querella, basada en la denuncia inicial, «los lotes se habían adjudicado por el máximo del presupuesto base de licitación (91 millones de euros) que coincidía con la oferta de la empresa Faasa». Ello cuando en el Plan Infoca «se estaban produciendo infinidad de recortes que estaban afectando a los trabajadores».

Para dilucidar, entre otras cuestiones, si ha existido «favoritismo» por parte de la Junta, Ecologistas pide que se cite a declarar al propio A. M. L, al interventor de Medio Ambiente, A. F. P., a la anterior jefa del servicio de Contratación de la consejería A. R., al presidente de Faasa, M. A. T., y a otros dos miembros de la firma M. Á. T. A. y M. G., como testigos. De hecho, el jefe del servicio de Contratación de Medio Ambiente ya prestó declaración este miércoles en sede judicial, conforme a lo dispuesto por la jueza, según confirman fuentes del caso.

En el ámbito de esta causa, la Policía indagó acerca de las empresas ganadoras de los lotes en los que se dividió el concurso, «vislumbrándose una serie de conexiones anteriores entre los responsables de la compañía Faasa y un determinado antiguo cargo político –el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco–», sin bien, a la luz de lo que se recoge en un oficio fechado el 20 de enero, al que ha tenido acceso este diario, esas pesquisas «no alcanzaron la solidez suficiente para ser considerados indicios». Desde la empresa también negaron esa vinculación con el socialista a través de un comunicado. Además fuentes de la sociedad apuntan que el contrato «se dividió en cinco lotes» de los que a Faasa «se le concedió uno» y ni siquiera la suma de todos alcanza los 91 millones de euros que se mencionan en la querella, «como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)».