Aguayo no facilita la cifra de déficit a la espera de que el Ministerio lo cierre

Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP-A, lo intentó en varias ocasiones de manera infructuosa. Pese a que la Cámara estaba semivacía –fue el último punto del orden del día y la mayoría de los diputados ya se habían marchado–, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no desveló si la Junta ha cerrado el ejercicio 2012 por encima del 1,5 por ciento de déficit fijado por el Gobierno. Aunque ya hay comunidades que lo han comunicado oficialmente –es el caso de Extremadura o Castilla La Mancha, feudos tradicionales socialistas que ahora gobierna el PP y que han superado la prueba–, la Administración andaluza se resiste y espera a que el Ministerio de Hacienda sea el que valide la cifra final.

«No es cuestión de ser valiente, sino de darlo a conocer cuando tengamos los datos y cuando estos sean claros y verdaderos», argumentó la consejera. El PP-A, a través de su secretario general, ya pronosticó el lunes que la cifra se situaría cercana al 2 por ciento, pero Martínez Aguayo no entró ni tan siquiera a desmentirlo.

La responsable de las cuentas andaluzas criticó a los populares por poner en duda la solvencia de las cuentas autonómicas, «sospechas» que «debilitan» a la comunidad y al «reino de España» ante Europa y otros organismos internacionales, que es adonde «Rajoy tiene que ir a explicar cómo funciona nuestro país». Ése es uno de los argumentos que esgrime el Gobierno andaluz y que han hecho que Hacienda prefiera no entrar en discusiones públicas con la Administración andaluza. De hecho, que Andalucía incumpla de manera exagerada el objetivo de déficit perjudica a la comunidad, pero también a la imagen del conjunto de España, ya que se trata de la comunidad autónoma de mayor población.

En este sentido, Aguayo defendió la estrecha vigilancia establecida por el Gobierno. Admitió que la Junta le remite «vía Intervención» información mensual de los aspectos contables más relevantes –«más de 2.400 cuadros de información al mes», dijo–. También recalcó que, en cuanto al acceso a la financiación para la prestación de servicios básicos, el Ejecutivo de Rajoy «está cumpliendo con su obligación» ante el cierre de los mercados financieros. Aunque eso tenga un coste: 1.700 millones de euros en intereses que la Junta pagará al ICO en los próximos diez años.