Aguayo ofrece piezas del puzle

El escándalo de los ERE ha regresado –si alguna vez se fue– para quedarse. La «Operación Heracles» ha reactivado una causa que, tras el cierre en falso de la comisión de investigación en el Parlamento andaluz y la prolongada baja por enfermedad de la juez Mercedes Alaya, languidecía. La instructora y la Guardia Civil rastrean al detalle el rastro de los fondos públicos que durante diez años se han repartido de manera opaca. Las miradas han vuelto a situarse en los «altos cargos» del Ejecutivo andaluz que durante el periodo investigado, por acción u omisión, han permitido que una «organización criminal» –así la definen los agentes de la Guardia Civil– se haya beneficiado de manera ilícita de las arcas públicas.

Cada vez que la presión aumenta en torno a la figura de José Antonio Griñán, la consejera Carmen Martínez Aguayo salta como un resorte. Trata de poner un cortafuegos, aunque le pueda perjudicar a ella misma. Ya lo hizo en marzo de 2011, cuando el escándalo comenzaba a tomar forma. Entonces, en una rueda de prensa, asumió la responsabilidad de no trasladar a su consejero –el hoy presidente de la Junta– los informes de la Intervención General en los que se alertaba de que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo estaba repartiendo subvenciones millonarias vulnerando la ley. Como viceconsejera recibió esas auditorías, pero aseguró que no informó a Griñán porque no procedía hacerlo.

El segundo episodio se vivió el viernes. En la comisión de investigación parlamentaria, el PSOE limitó la responsabilidad política del fraude a Francisco Javier Guerrero, el ex director general encarcelado. Hubo un pacto entre los socialistas para no pasar de ahí. Más que nada porque lo contrario hubiera ocasionado nuevas divisiones entre los socialistas andaluces, como las que se vivieron cuando el ex consejero Antonio Fernández fue encarcelado. Y así se hizo, con la esperanza de que el asunto quedara zanjado, las facciones del PSOE, satisfechas; y el Gobierno de coalición con IU, centrado en gobernar y hacer su particular oposición a Rajoy.

Aguayo –pocos dudan de que con el consentimiento de Griñán– afirmó que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen una «responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo». Es la primera vez que un miembro del Gobierno andaluz del PSOE apunta a sus compañeros de Ejecutivo. En el caso de Fernández, además, compartió sitio en el Consejo de Gobierno cuando Griñán suplió a Chaves.

Ataque de sinceridad o maniobra calculada, la realidad es que el presidente de la Junta lleva meses admitiendo el «fiasco» de la comisión de investigación. Y cada vez que le preguntan por su actuación en el caso de los ERE, recuerda que quiere llegar al fondo «caiga quien caiga» y pone como ejemplo que la Junta ha pedido «afianzamiento» para un consejero. De hecho, resulta incongruente que la Administración andaluza reclamara en su momento la comparecencia semanal en el juzgado de Fernández, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte y que, meses después, votara que no tenía «responsabilidad política» alguna en el fraude en la Cámara andaluza. Postura oficial que no se ha modificado pese a las declaraciones del viernes de la actual consejera de Hacienda y Administración Pública.

Acotar la implicación en la dirección general de Trabajo ya no se sostiene. Y tirar por elevación le generará un problema interno al PSOE. Cuando los dirigentes socialistas instan a la juez Alaya a acelerar el proceso de instrucción, lo hacen con la seguridad de que sólo así acabarán las sospechas y el desgaste que sufren por este motivo. Y si como todos apuntan, el ex consejero José Antonio Viera acabara imputado, sería la justicia y no el PSOE de Griñán el que señale a un dirigente histórico y con más peso dentro de la formación. La Guardia Civil destacó que «jugó un papel esencial por ser el que promovió» las ayudas ilegales a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Viera representa un problema mayor al de Fernández. Sigue en activo y es diputado en el Congreso por la provincia de Sevilla. Su apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba en las primarias contra Carme Chacón fue importante para la derrota de la diputada del PSC. Se enfrentó a la dirección regional del PSOE-A y acabó dimitiendo posteriormente como secretario general de los socialistas sevillanos ante las «presiones» recibidas en el proceso de elaboración de las listas del partido a las últimas elecciones autonómicas. Si Guerrero ha amenazado públicamente que «mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo como yo quiero»; Viera, de momento, no se ha salido de la versión oficial. Pero fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico desde 2000 y hasta 2004, y fue uno de los firmantes del convenio con el ente instrumental IFA que permitió sortear los controles de la Intervención General.

Con las declaraciones de Aguayo, la Junta sale de su versión oficial y ofrece nuevas piezas del puzle al que se refirió Alaya en uno de sus últimos autos. «Las piezas del puzle comienzan a encajar» escribió la instructora. El siguiente paso será si la responsabilidad política se traduce en algo más y si se limita a la Consejería de Empleo o se extiende por otras consejerías, incluyendo a la de Hacienda por «cebar» –en palabras del interventor– la « corrupta partida».