Al menos una decena de colegios concertados verá recortadas unidades

Las diferentes asociaciones que agrupa la enseñanza concertada estiman que la Junta de Andalucía reducirá unidades en al menos una decena de sus centros, si se ajusta al criterio de reducción de demanda provocada por el descenso de la natalidad. En las próximas horas se irán conociendo las propuestas de las diferentes comisiones provinciales, aunque ya ayer la de Jaén adelantó que la no renovación de los convenios afectará a tres unidades de centros de Linares, Úbeda y Alcalá la Real. En Málaga, por ejemplo, consideran que en principio no tendrá efecto alguno las medidas en cuestión. Y en Huelva la propia Susana Díaz anunció ayer que el conflicto se centra en dos unidades de un centro en La Palma del Condado.

Pese a que el perjuicio puede considerarse mínimo en el grueso de la enseñanza concertada, lo cierto es que se considera el «inicio» de un ataque al sistema actual. «Lo importante no es perder una clase sino lo que implica para el futuro», explica Gemma García desde la plataforma «Mis padres deciden». La pérdida de unidades este verano supone la eliminación de líneas completas a medio plazo en los colegios, con lo que ello conlleva en empleo docente y plazas ofertadas a las familias a la hora de ejercer su libre derecho de elección. Además, la patronal incide en que el «no» de la consejería a la creación de nuevos conciertos para centros educativos supone la pérdida de una «oportunidad». La baja de la natalidad «no debe ser una excusa para aplicar recortes, ni en la pública ni en la concertada, sino que se convierta en una ocasión para demostrar la apuesta de Andalucía por la educación». Unos 400 colegios adscritos a Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) están llamados hoy a la lectura de un manifiesto en defensa de este modelo educativo.

Ataque a la diferenciada

La honda preocupación de la sociedad andaluza provocó que la presidenta Susana Díaz, ayer en Huelva, tratase de rebajar la tensión. «Todos los niños que están cursando sus estudios en estos centros, lo seguirán haciendo», dijo, sin obviar que su «prioridad es la pública, es ésa la que hay que blindar» y siendo muy duro con la educación diferenciada: «Quien la quiera, que se la pague».

Paralelamente, desde CC OO reiteran que «los recursos educativos actuales siguen siendo insuficientes para la necesaria mejora de la calidad en la educación». Reclaman que la Junta baje la ratio a veinte alumnos por clase en las unidades de tres años el próximo curso, así como la mejora del alumnado con necesidades especiales. Bajo su punto de vista, los criterios prioritarios para la autorización de conciertos deben ser «la reducción de la ratio, la presencia en zonas de bajo nivel socioeconómico, la atención al alumnado que requiere refuerzo especial y el mantenimiento de las plantillas».

Pero mientras la concertada se siente atacada –ya ha recogido unas 55.000 firmas a su favor–, otros colectivos del sector educativo público claman contra la gestión de la Junta. La Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei) se remite a un estudio de los cinco últimos años que destaca que se han cerrado en la etapa Infantil 1.312 aulas en la escuela pública, lo que supone su «desmantelamiento encubierto en beneficio de la concertada».

Otro plan para reducir las caracolas

La Junta destinará 155,6 millones de euros a la construcción y mejora de centros docentes públicos durante los dos próximos años. El nuevo Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-18 tiene como prioridades el impulso de la FP, la retirada de aulas prefabricadas y la eliminación progresiva de la presencia de material con amianto. Se prevé la retirada de 181 caracolas en once proyectos específicos con una inversión de 6,4 millones. En el curso 2015-16 había 317.