Alaya niega una pensión alimenticia a Fernández al «ganar más que la mayoría»

La jueza Mercedes Alaya ha mantenido la narrativa de sus autos hasta el final. Un día antes de abandonar la titularidad del juzgado de Instrucción número 6 firmó una resolución en la que volvió a negarse a que se le conceda una pensión alimenticia de 578,42 euros mensuales al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, con cargo a los 37.935 euros que le embargaron tras ser imputado por la magistrada en el «caso de los ERE irregulares» y luego en el «fraude de los cursos de formación financiados por la Junta». Y lo hizo subrayando que gana más que la mayoría de los españoles.

En su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada recuerda que ya el pasado 13 de mayo se opuso a esa petición, por una suma entonces mayor, «de 1.840 euros». Su negativa provocó que el ex consejero recurriera en apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora y, «sin esperar a la resolución de dicho recurso» por esa instancia, desliza la jueza, el ex titular de Empleo reitera su demanda, aunque reduciendo la cuantía, dado que «se encuentra actualmente trabajando» y que cobra al mes «1.261,58 euros», se explica en el auto.

Y es ahí donde Alaya mantiene que el dinero que Fernández reconoce percibir es «aproximadamente el doble del salario mínimo interprofesional» y «bastante más elevado que las pensiones y sueldos que se cobran por muchísimos ciudadanos de este país con hijos menores a su cargo», por lo que «resulta inadmisible la petición», recalca la magistrada.

A ello suma la apreciación de que, de acceder a ella, «en un futuro no lejano se agotaría la indemnización embargada haciendo inútil la traba» judicial. Y añade que la investigación policial patrimonial llevada a cabo en torno al ex consejero mostró «indiciariamente» un «enriquecimiento ilícito» y la existencia de una «situación económica muy por encima de lo que ahora» se pretende hacer ver «al interesar una pensión de alimentos».

«Basta con mencionar –argumenta la instructora– que en el año 2008 adquiriría cuatro inmuebles, dos para él y otros dos para su hijo, concluyendo dicho atestado que el patrimonio correspondiente a sus dos hijos podría imputarse a Fernández». Todo ello «no hace sino corroborar», a juicio de Alaya, la «innecesariedad del otorgamiento de una pensión de alimentos a favor de este imputado», concluye, en sintonía con lo estimado por la Fiscalía Anticorrupción.

El ex consejero de Empleo, por su parte, siempre ha negado el «enriquecimiento ilícito» al que alude la magistrada. Lo que sí reconoce es estar trabajando en la actualidad. ¿Dónde? Según ha podido saber este periódico, tras solicitar el alta en el Consejo de Abogados de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha vuelto a ejercer su profesión. De hecho, ha sido contratado como letrado en el despacho sevillano que capitanea Fernando de Pablo, en el que desempeña tareas vinculadas al derecho laboral. De él procedería la nómina a la que se refiere Alaya en su ultima resolución.