Alaya pide a Anticorrupción que informe sobre la posible prescripción de delitos

SEVILLA-La juez que investiga los ERE irregulares ha emitido un auto en el que alude a la posible prescripción de delitos planteada por la Fiscalía Anticorrupción y le requiere para que, «antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia», informe sobre el periodo de prescripción que «maneja» a fin «de decidir si procede encomendar la investigación» a la Guardia Civil «de las ayudas sociolaborales más antiguas».

En un nuevo auto del 4 de octubre, Mercedes Alaya también solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, sin perjuicio de lo anterior, concluya «y en su caso inicie» el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubiesen obtenido ayudas abonadas en 2003.

En este sentido, la instructora dice que en este estudio deben incluirse aquellas ayudas que hubieran recibido con anterioridad a dicha fecha algunas de estas sociedades y «que quedarían englobadas por continuidad delictiva», centrándose «en particular» en Jerez Industrial, Gestifesa y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. En el auto, la juez también cita a declarar entre noviembre y diciembre a cuatro ex altos cargos de la Junta imputados en junio junto a otros 16 cargos o ex altos cargos, entre ellos la ex consejera Magdalena Álvarez.

De este modo, la juez cita a declarar, el 22 de noviembre, al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el día 11 de diciembre, al ex interventor delegado en Empleo Juan Luque y a los ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, que comparecerán ante la juez los días 19 y 20 de diciembre, respectivamente. En enero de 2014 declararán tres abogados imputados en la causa, mientras que señala que los cargos o ex altos cargos imputados en junio que no han comparecido hasta el momento ni tampoco han sido citados comparecerán una vez se reciba el atestado relativo a IFA/IDEA.

La instructora se ha opuesto a la petición realizada por la Fiscalía para que citara a declarar al ex delegado de Empleo Antonio Rivas, que lleva imputado más de dos años, pues la Guardia Civil «se encuentra ultimando el atestado relativo a Mercasevilla», por lo que «una vez se presenten las diligencias se resolverá sobre esa declaración». Por este motivo, rechaza citar a declarar al ex director de la lonja Fernando Mellet. Respecto a la petición del Ministerio Público para que declarasen José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso, José María Sayago y Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla, Alaya dice que no podrán comparecer «hasta que no se aporte por la Guardia Civil el anunciado atestado sobre las ayudas concedidas» a la Sierra Norte.

Estudio del IFA para analizar el «quebranto de fondos públicos»

En este nuevo auto, la juez también acuerda ampliar la pericial encomendada a la Intervención General del Estado para que analice la cobertura presupuestaria, ejercicio a ejercicio, de los compromisos de pago asumidos por el IFA derivados de los convenios suscritos con la Dirección General de Empleo, así como que determine «el quebranto producido en fondos públicos de la Junta» y el cumplimiento de la normativa contable y fiscal de los pagos efectuados por el IFA. La segunda fase de la «Operación Heracles» se saldó la pasada semana con la detención del ex gerente del Instituto Enrique Rodríguez Contreras.