Alaya recopila 14 denuncias del TSJA contra altos cargos de la Junta de Andalucía

La juez Mercedes Alaya ha abierto un anexo con hasta 14 sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que acuerda exigir responsabilidades penales a los altos cargos de la Junta de Andalucía que autorizaron las ayudas que, precisamente, está investigando la magistrada. De esta manera, el Alto Tribunal Andaluz avala la instrucción que está llevando a cabo la juez los ERE fraudulentos, al advertir en estos fallos que se prescindió «total y absolutamente» del procedimiento, declarando las ayudas «nulas de pleno derecho». También puso el acento el TSJA en que «fallaron los controles de legalidad que incumben a la autoridad laboral, al autorizar la inclusión de trabajadores que no reunían los requisitos».

Se trata de sentencias dictadas en los numerosos recursos presentados por los beneficiarios de las ayudas contra la resolución de la Consejería de Empleo, que les reclamó la devolución de las cantidades que percibieron por haber sido incluidos en un ERE al que no tenían derecho. También los propios afectados reclamaban las cantidades que les prometieron los altos cargos de la Administración Autonómica. «Todas estas sentencias han estimado los recursos, declarando nulas las resoluciones recurridas y acordando remitir testimonio a este juzgado para la exigencia, en su caso, de responsabilidades penales», dice en un auto la magistrada. Precisamente, cita entre los denunciados a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas. Todos ellos ya están imputados en la causa que instruye Alaya.

«Sin trámite»

Dos de esas sentencias, dictadas el 27 de octubre de 2011, resolvieron sendos recursos interpuestos por los beneficiarios de dos ayudas. El TSJA asegura que la Dirección General de Trabajo «se limitó a dictar la resolución , pero sin que exista trámite en expediente previo alguno». En otros casos, el Alto Tribunal le ha dado la razón a la parte demandante. Es el caso de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2011, a favor del recurso presentado por una de las entidades financieras afectadas y que reclamaba el pago de la póliza de crédito, un total de 194.229 euros, a la Dirección General de Trabajo.

Ahora, Alaya acuerda formar un anexo con dichas sentencias, y las que previsiblemente se recibirán en un futuro en respuesta a otros recursos, «quedando unidos los testimonios completos de los expedientes recibidos».

El auto, igualmente, incorpora a la causa un desplegable entregado por la Junta de Andalucía con todas las ayudas de la Dirección General de Trabajo que han sido revisadas de oficio por el juzgado.