Altas laborales que «bordean la legalidad»

IU pide en una PNL que se supriman las «sesiones de valoración conjunta» entre los médicos de las mutuas y los inspectores de la Junta

El Grupo Parlamentario de IULV-CA ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el ámbito de la Comisión de Salud en la que se alerta de la existencia de «fuertes presiones» por parte de «sectores empresariales» para que sean las «mutuas patronales» las que «puedan dar el alta laboral a los pacientes afectados por procesos de incapacidad temporal (IT)». Unas pretensiones que no se han formalizado legalmente, pero a las que responden en la práctica, según IU, «las llamadas ‘actas de valoración conjunta con mutuas’». ¿A qué se refieren? De forma semanal se reúnen médicos de las mutuas pertrechados con informes de trabajadores con inspectores de las Unidades de Valoración Médicas de Incapacidades (UVMI) de la Junta en sesiones en las que, a la luz de lo expuesto en la PNL a la que accedió LA RAZÓN, «se acuerdan altas de determinados pacientes que posteriormente aparecen como propuestas por las mutuas» asumidas antes por «la inspección» en «actas de valoración conjunta» y «así las tramitan». Esta forma de proceder «bordea la legalidad» para IU, «por no decir que es un auténtico fraude de ley», ya que «prima el criterio de la mutua al dar el alta», «el inspector no ve al paciente», «el médico de familia queda excluido, quitándosele la capacidad de discrepar» si lo estimase conveniente; y al paciente ni se le ve ni se le escucha, pero sí se le obliga a encarar «una amplia serie de citas de carácter administrativo y burocrático» procedentes de las UVMI, las mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que implica «gastos e incomodidades». Y ello a pesar de que el Real Decreto 625/2014 y otras normas fijan un «modus operandi» para el control de las incapacidades temporales que «dista mucho» de lo descrito.

Denuncian represalias

En la PNL se recuerda además que el ex consejero de Salud, Aquilino Alonso, se comprometió en la Cámara en mayo de 2017 a implantar políticas en ese ámbito «basadas en la ‘gestión compartida’ entre los médicos de familia y la inspección, la ‘transparencia’ y la ‘desburocratización’». Si bien, ocho meses después, «en algunos de los ámbitos de las UVMI, el criterio ‘economicista’ a medida de los intereses de las empresas y de las mutuas, prevalece sobre los derechos de los pacientes que son obviados con premeditación» y sobre el parecer profesional de «los médicos de familia», quienes «carecen de capacidad de intervención alguna». «Tanto es así», se añade, que en el ámbito de la inspección ha surgido un «malestar», avisan, e incluso los críticos con ese sistema «han sido apartados o alejados de sus funciones anteriores». Con este diagnóstico, IU pide que desde el Parlamento se inste a la Consejería de Salud a cumplir la normativa mencionada y a suprimir las «sesiones de valoración conjunta» entre los médicos de las mutuas y los inspectores, ya que «no están contempladas en la legislación y suponen una interferencia o intromisión en la valoración de la situación de IT de los pacientes y una influencia de facto desde el ámbito privado en el sector sanitario público». Junto a esto demanda que se hagan públicos «los requisitos de titulación, conocimientos contratados y tiempo de experiencia profesional» de los médicos de las UMVI, se anulen «aquellas medidas de carácter disciplinario o similar adoptadas» contra los inspectores que «hayan sido desplazados o alejados de sus funciones o responsabilidades habituales»; y se marquen «mecanismos y normativas claras de coordinación y colaboración» entre los entes que intervienen en la gestión de las bajas para evitar, entre otras cuestiones, la «multiplicidad de citas con desplazamientos». Buscan incluso compensar esos gastos en algunos casos.