Andalucía concentra un 21% más de litigios que la media nacional

«Frustración» es el término utilizado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para definir la situación de los jueces y magistrados ante la sobrecarga de trabajo, la falta de funcionarios y unas leyes «obsoletas». El presidente del TSJA defendió la urgencia de un compromiso político para reformar el sistema judicial. La Memoria de 2017 del TSJA, presentada ayer, recoge que los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron un 3% menos de asuntos el pasado año. Con todo, la comunidad liderando las tasas de litigiosidad. El pasado ejercicio disminuyeron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y contenciosa y subieron en lo civil y social. Sólo durante los seis meses de 2017 en los que estuvo vigente el plan de cláusulas suelo, la región recibió más de 36.000 demandas.

Los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron durante 2017 un total de 1.210.273 asuntos, frente a los 1.245.470 del año anterior. El TSJA incidió en que, pese a la reducción del 3%, «el porcentaje de ingresos» es «demasiado elevado para los actuales recursos y contexto organizativo, deficitario y sumamente rígido, al tiempo que evidencia la necesidad de frenar la elevada litigiosidad, una de las más altas de los países de nuestro entorno». «Los andaluces continúan siendo de los que más litigan en los tribunales», recoge el Alto Tribunal, con un porcentaje superior en un 21% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.676.331 en los órganos judiciales españoles. La tasa en el conjunto del Estado ha sido de 126,1 asuntos por cada 1.000 habitantes y en el ámbito del TSJA es de 145,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo de las más altas de España, superada por Canarias (164,8) y seguida de Baleares (138,7), Cantabria (129,6) y Asturias (128,7).

Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 62% del total. En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 6%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 28%. Durante 2017, bajaron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y contenciosa y subieron en la civil y social.

«Un año más sufrimos la parálisis legislativa que está impidiendo hacer efectivas las reformas que nuestra Justicia necesita, de manera significativa en el ámbito organizativo», criticó Del Río.