Ángel Ojeda: «Sin contar Delphi, la formación ha sido la ruina»

El ex consejero de Hacienda insistió ante la jueza Núñez Bolaños en que «adelantaba el dinero» y la Junta le debe más de 5 millones.

El ex consejero Ángel Ojeda acudió «muy tranquilo» –«igual que al Parlamento», donde ya compareció en la comisión de investigación presentándose como un «ciudadano ejemplar»– a la testifical por el «fraude en los cursos de formación» ante el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Se levantó «a las 6:00», «como cada día», acompañó a su mujer al trabajo, cerca a donde acostumbra a desayunar, y regresó dando «un paseo por el parque» con su «perrita». Cuando fue detenido abruptamente en Sanlúcar de Barrameda en agosto de 2014 –por cuya actuación policial ha denunciado al jefe de grupo de la UDEF central por falsedad documental, abuso de autoridad y detención ilegal– también paseaba a su can. Con traje oscuro, insignia en la solapa, camisa azul y corbata lila, entró en la sala a las 11:39. Salió casi tres horas después –fuentes del caso señalan que con la jueza Alaya la comparecencia habría durado, como poco, cinco días–, tras aceptar responder sólo a su abogado y al fiscal. Ojeda, en la línea de la comisión parlamentaria, aseguró que los cursos, por los que habría recibido más de 33 millones en ayudas, han supuesto «la ruina» para sus empresas y que la Junta le debe más de cinco millones.

Sobre el ex alto cargo de la Junta pesan los presuntos delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones. Ojeda señaló que «no se ratifica en su declaración ante el Juzgado de Cádiz, porque estaba en estado de shock», según consta en el acta de declaración como investigado. También subrayó que su cuñada, la ex directora general de Formación Teresa Florido, «no tuvo nada que ver» con la reunión de las ayudas de Delphi y que ni siquiera ocupó el puesto hasta dos años después. El ex consejero indicó que fue alto cargo «hace más de 30 años» y que «tras 20 años sin tener relación con la Junta», empieza a tenerla «nuevamente con los cursos de formación» sus empresas, «ya que tienen amplia experiencia» y es a través de los promotores y las asociaciones, que «tienen personalidad jurídica propia e independiente». En resumen, tras su salida de la Junta, «al principio era todo privado durante 20 años de desarrollo profesional, y últimamente del 50% y más recientemente casi el 100%». Ojeda defendió que toda su actividad «es un libro abierto» y que «se ha atenido siempre a la más estricta legalidad, eran públicos y notorios todos los datos». De las ayudas de Delphi, dijo que «sólo afrontaron dicho reto ocho asociaciones». «Sólo podía ser empresas con dinero e instalaciones suficientes en un mes de agosto», incidió.

El dueño de Prescal aseguró que «los cursos se han dado, lo dicen todos los interventores, técnicos e inspector central de trabajo». Según Ojeda, las contrataciones de las empresas de Prescal se debían a «su capacidad de negociación» y «especialización», asegurando que «nunca ha habido sobrecosto». «Hicieron los costes globales a precio de 10 euros la hora, un 30% por debajo del coste habitual que hace la Administración pública». Ojeda manifestó que «lo que hacía era ‘anticiparle’ a la Administración el dinero de la formación». «En el caso Delphi tuvieron que adelantar hasta las nóminas de los trabajadores, porque la Junta les pagaba mal y tarde», añadió. En otros cursos, «la Junta les debe dinero, hasta el 95% del 25% que pagan». «La mecánica general –insistió, aparte de Delphi– era también anticipar el dinero a la Junta». «Cuando conceden la subvención en concurrencia competitiva, la entidad tiene que dar el curso, primero tiene que homologar el centro», explicó. El declarante «ha homologado 60 centros y ha adelantado 9 millones antes de dar una sola hora de curso homologado por la Junta». Posteriormente, «le dan el curso y el 100% lo paga el empresario, y en los tres meses después tiene que entregar en el Registro» las certificaciones «para que lo verifique» la Administración. Ojeda señaló que «se han dado casos en los que ha tenido que anticipar el dinero y recibir incluso por debajo», señalando «por ejemplo en Sanlúcar de Barrameda, donde gastaron 288.000 euros en un local cedido por el Ayuntamiento y la Junta les dio cursos que se dieron con éxito por valor de 70.000 euros». «Allí hay una deuda de medio millón de euros», indicó.

Ojeda negó que «se facturaban a sí mismos». «Si se ha hecho con un 30% por debajo del coste, pues no puede haber sobrecostes», manifestó, recalcando que esas actividades «fueron permanentemente supervisadas, investigadas por todos los técnicos». Volviendo a Delphi, recalcó que «los trabajadores trabajaron físicamente en los talleres», apuntando incluso a un sistema «huellero». «Se ponía la huella al entrar y salir y entre medio se pasaba lista por sorpresa». «Allí hay fotografías» y «los inspectores lo comprobaron», añadió. Según Ojeda, «tenían allí a los técnicos e inspectores permanentemente».

«Los cursos se han realizado a plena satisfacción» y «sólo tres años después de terminar han empezado a surgir los temas», especificó. Según el acta, «hoy día la Junta le puede deber a las empresas relacionadas con el declarante» aproximadamente «5 millones, justificado hasta el último céntimo». «Además de esta cifra, existen los expedientes de reintegro que están saliendo. Ahora la Junta nos pide a todas las empresas que justifiquen lo que ya han justificado cuatro años antes». Según Ojeda, «sin contar casos como Delphi, en la experiencia global la formación ha sido la ruina del grupo de empresas» y «con todo este escándalo les han ido quitando cursos, por la alarma social creada». Para el ex consejero, «la subvenciones significaban que tenían que dar el trabajo, el beneficiario era el trabajador o el desempleado» y él «tenía que pagar previamente todo y luego la Junta no les pagaba todo lo que tenían que pagar». Ojeda ha denunciado a la Junta, en un contraataque judicial en el que ya ha ganado varios recursos, por estos impagos.

Su hijo entra «para conocer la empresa»

Ojeda señaló que «su hijo Marcos –que ya declaró también ante la jueza Núñez Bolaños– entró como vicepresidente de una asociación y tenía poderes y quería que tuviera una firma autorizada por si le pasaba algo, pero no administraba ni tomaba decisiones». Sobre ITSA o Itisa, en la que figura su hijo Marcos Ojeda, indicó que «lo introdujo para que fuera conociendo el nombre de la empresa». «No ha dirigido nada y lo que estaba era rodando, aunque no tomaba ninguna decisión», declaró Ojeda.