Anticorrupción pide medios para agilizar la pieza de las sobrecomisiones de los ERE

Reclama «refuerzos personales y materiales» y demanda a la jueza Núñez una batería de diligencias

La instructora del «caso ERE», entre otros, es la jueza María Núñez Bolaños
La instructora del «caso ERE», entre otros, es la jueza María Núñez Bolaños

Reclama «refuerzos personales y materiales» y demanda a la jueza Núñez una batería de diligencias

La Fiscalía Anticorrupción quiere atajar el parón en el que ha caído la pieza del «caso ERE» centrada en las comisiones que la Junta pagó por encima del mercado a mediadoras durante años. Esto es lo que se deduce de un escrito de cinco páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN en el que el Ministerio Público plantea al juzgado instructor, el número 6 de Sevilla, que «al objeto de evitar nuevos retrasos en la tramitación» de ésta y de las demás causas desgajadas de la matriz «que dejen sin contenido la previsión del legislador» recogida en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se marcan los plazos para actuar; se practiquen una serie de diligencias «a la mayor brevedad posible». Y eso no es todo. «Atendiendo a la actual carga de trabajo» del órgano judicial, la Fiscalía reclama, «bien de la Administración prestacional, bien del TSJA –Tribunal Superior de Justicia de Andalucía–, los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios».

Para los fiscales, la extensión y complejidad de este bloque de los ERE, «macrocausa» que arrancó hace más de deis años, exige para empezar que «se proceda a una determinación más precisa de los hechos que son objeto de investigación» por lo que demandan a la titular del juzgado, María Núñez, un auto en el que se fije el «objeto» del mismo. De forma resumida, trasladan a la magistrada que los hechos a analizar «vendrían determinados por la cuantificación de aquellas cantidades abonadas por la Junta» en concepto de prima que superaron el «coste de mercado de las pólizas», su distribución presuntamente ilícita «entre las personas físicas y jurídicas» que intervinieron en su establecimiento y, en su caso, «en el destino final» de los fondos «como pago de presuntas ayudas públicas». Anticorrupción solicita también a la jueza que «sean traídos como investigados a las presentes actuaciones» nueve personas, entre ellas el ex chófer de Francisco Javier Guerrero –ex director general de Trabajo de la Junta–, Francisco Trujillo, y la mujer del “conseguidor” Juan Lanzas, Patrocinio Sierra. A ello suma, incorporar a las diligencias nueve presuntas ayudas abonadas por Estudios Jurídicos Villasís –un bufete al que la anterior instructora, Mercedes Alaya, aludió como «centro de lavado» de las comisiones presuntamente ilegales–, entre las que se encuentran una de 104.400 euros que fue a parar a la Federación Minerometalúrgica de CC OO-A, según consta en el mencionado escrito, fechado el pasado 21 de febrero.

La hoja de ruta marcada por Anticorrupción a Núñez incluye además algunas propuestas de archivos y citaciones como las de cuatro nuevos investigados, 29 testigos y un grupo de peritos de la Dirección General de Seguros que ratificaron en sede judicial informes en julio de 2015. Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, concluyó, y así consta en el sumario, que las consultoras Uniter y Vitalia se repartieron 66 millones de euros en comisiones supuestamente infladas por la tramitación de las pólizas de seguro vinculadas a los expedientes de regulación de empleo.