APDHA denuncia al Consejo de Transparencia la falta de información del sistema de protección a menores inmigrantes

Ha reclamado dos veces los datos a la Junta sin respuesta y critica que muchos no son escolarizados ni se tramita su declaración de desamparo para iniciar su regularización

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha elaborado un diagnóstico sobre la situación del sistema de acogida a los menores inmigrantes con entrevistas a algunas de las asociaciones que trabajan con ellos y analizando los datos de la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo, ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía responsable de la tutela de los niños extranjeros no acompañados, a la que han solicitado datos sobre los centros y plazas disponibles para la acogida de urgencia, los de residencia de base y el programa más 18 de apoyo a los que cumplen la mayoría de edad. Por ello, la ONG ha presentado una “queja al Consejo de Transparencia” ante la falta de respuesta del Gobierno andaluz, al que en su informe acusan de “dejadez de sus responsabilidades” de protección a estos menores ya que las visitas y entrevistas hechas para su informe revelan que hay casos en los que las Delegaciones de Educación no escolarizan a estos niños y lo suplen con “maestros que se desplazan a los centros unas horas a las semanas” y se retrasa la declaración de desamparo, un paso formal imprenscindible para que la Junta, como tutora de esos niño, inicie los trámites para solicitarles un permiso de residencia, lo que provoca que cuando cumplen la mayoría de edad muchos se encuentren en la calle “de un día para otro” y sin papeles.

Los responsables del área de Migraciones de APDHA, Ana Rosado y Ángel Madrid, han hecho público este miércoles el Informe sobre Infancia Migrante, una investigación específica sobre los menores en el marco del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur correspondiente a 2019. Los últimos datos oficiales de menores no acompañados acogidos en Andalucía corresponden a 2017 e indican que de los 3.306 que llegaron, sólo un 39% (1.309) fueron acogidos en el sistema de protección. En 2018 la cifra se duplicó hasta 7.053 llegados a España, la mayoría a través de las costas andaluzas, y según la memoria anual de la Fiscalía de Menores, de los 9.700 menores desaparecidos, el 56% son inmigrantes, lo que supone más de 5.000.

Los responsables de APDHA ha señalado que su trabajo de investigación permite desmontar algunos mitos respecto al perfil de los menores extranjeros no acompañados, ya que aunque no es homogéneo y ha cambiado en los últimos 20 años, se pueden clasificar en los cinco tipos más comunes siendo el minoritario el que “desgraciadamente más sale en los medios de comunicación”, es que de los menores en situación de calle. Por contra, lo más frecuente es que vengan jóvenes con estudios de familias de clase media “líderes en su comunidad” que en su país -la mayoría proceden del norte de Marruecos- no pueden desarrollar el futuro profesional para el que se han preparado con gran esfuerzo de sus familias por las perspectivas políticas y económicas y migran tratando de buscarse aquí ese futuro para devolver a sus familias el esfuerzo económico que han hecho por ellos. También son muy frecuentes los que vienen con visado de turistas y ya se quedan y aquellos que migran para buscar a familiares que ya están aquí porque les han denegado la reagrupación o los trámites se eternizan. El cuarto grupo es el de menores de familias desestructuras, pobres y víctimas de la violencia intrafamiliar.

Entre las demandas de la ONG, además de mejorar las condiciones de los centros de acogida donde el seguimiento personalizado a estos niños depende de la “buena voluntad” de los trabajadores que suplen con ella su falta de recursos, piden agilizar los trámites de reagrupación familiar así como la declaración de desamparo, así como eliminar la normativa actual que a partir de los 6 meses de que el menor esté desaparecido, la Junta abandona el proceso para su tutela sin que se siga la pista de qué ha pasado con esos niños. También exigen que la evaluación de la edad de estos chicos, claves para entrar o no en el sistema de protección, no se base sólo en las pruebas oseométricas de mandíbula o muñeca que dan un margen de error de más/menos dos años, lo que resulta fundamental en chicos que migran en la adolescencia, y que se realicen otro tipo de pruebas psicosociales así como priorizar la documentación que traen con ellos en mucha de la cual indica su edad. También que estas pruebas se hagan con asistencia letrada y que el informe de la Fiscalía de Menores sea recurrible.