Archivada la causa contra once de las empresas investigadas en Jaén

El Juzgado, que aún investiga 14 firmas más, entiende que no puede elevarse a delito «la existencia de irregularidades».

El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa con respecto a once de las 25 empresas implicadas en la provincia en la investigación del presunto «fraude en cursos de formación».

El auto, al que accedió Europa Press, recoge en sus razonamientos jurídicos que el Ministerio Fiscal solicita el archivo, «en tanto no existen razones para continuar la causa» respecto de esas firmas, «y todo ello por cuanto de lo actuado no se deduce que cometieran irregularidades relevantes desde el punto de vista penal», respecto al uso y destino de las subvenciones. Sin perjuicio, según añade, de que la Administración que las concedió –la Junta de Andalucía– entienda que «pudieran darse aquellas que desde el punto de vista administrativo puedan dar lugar a la incoación de un expediente de reintegro o a cualquier sanción» de esa naturaleza.

En este sentido, señala que no puede elevarse a la categoría de delito «la existencia de irregularidades tales como la poca calidad del material suministrado a los alumnos de los cursos, su naturaleza o cuestiones como la ausencia puntual de un alumno en alguna de las clases impartidas u otras de semejante naturaleza». Por lo que respecta al resto de las 25 empresas investigadas, «y en tanto pudieran existir razones para continuar la tramitación de la causa» contra ellas «y sin perjuicio del resultado final de ésta», el Juzgado apunta que «procede el desglose oportuno respecto de cada una de ellas y el destino que se expondrá en resolución aparte», de manera que para esas 14 firmas se mantiene la causa.

El archivo de las actuaciones sobre las referidas once empresas se produce tras el que ya se produjo en mayo en relación a la ex directora provincial del SAE y ex delegada de Empleo Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado «irregularidad alguna en el control que la Administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones».

Por su parte, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, reprochó ayer al PP el uso, con «muy mala fe», de la pieza política de los cursos de formación como «arma política de desgaste del Gobierno andaluz», tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de su archivo.