Greenpeace eleva una queja a Becerril para que se revise la evaluación ambiental del proyecto

Los miembros de Greenpeace están convencidos de que los planes de Gas Natural-Fenosa para Doñana no tendrán coste cero y creen que el proyecto «Marismas», dividido en cuatro subplanes –«Marismas Occidental», «Marismas Oriental», «Saladillo» y «Aznalcázar»–, «vulnera el artículo 45 de la Constitución española, que es un principio rector de la política social y económica que obliga a la protección del medio ambiente», por lo que han presentado una queja con una destinataria: la Defensora del Pueblo estatal, Soledad Becerril. A ella le piden que inste a los gobiernos central y autonómico a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) de «todos los proyectos» y ajustarla a «la normativa y exigencias actuales», lo que, a su entender, debería suponer «la negativa» al plan y la «paralización» de «Marismas Occidental», que ya ha arrancado, según confirmó ayer a LA RAZÓN, Julio Barea, uno de los portavoces de la organización.

A Becerril le han explicado que desde hace décadas se conceden «permisos para hidrocarburos» en una zona que es un «polvorín sísmico» y que incluye las provincias de Sevilla y Huelva, a lo largo del trazado del río Guadalquivir, y el golfo de Cádiz. Le han trasladado también que las administraciones responsables de dar y controlar esas explotaciones a veces han cerrado un ojo ante sus propias reglas y que «no ofrecen información pública sobre las actividades, resultados o incidencias ocurridas en las mismas, amparándose en las cláusulas de confidencialidad de las empresas de hidrocarburos», condensa Barea. Y suma otro elemento: «El enorme y contundente rechazo social» que han generado las intenciones de Gas Natural.