Clara usurpación de potestades

La Consejería de Educación ha licitado un contrato por importe de 109.090 euros para que personal externo se encargue de gestionar el pago de trienios a personal interino. La medida es doblemente controvertida. En primer lugar, porque habría que preguntarse, como ha señalado en más de una ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si la Junta no tiene personal suficiente para llevar a cabo esta tarea. Cuesta francamente creerlo. Con la medida, además, quedan en mal lugar los socios izquierdistas del bipartito. IU se comprometió recientemente a poner coto a las externalizaciones y a las encomiendas de gestión. Lo anunció el portavoz parlamentario de IULV-CA en una rueda de prensa en la sede del partido el pasado 21 de octubre. La segunda cuestión polémica tiene que ver con la usurpación de potestades públicas. La lucha judicial de los funcionarios tras aprobar la Junta la reordenación del sector público ha dejado un gran número de sentencias judiciales. Señalan claramente que las potestades públicas deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y no por el personal «a dedo» que entró en las agencias por la puerta de atrás de las empresas mercantiles fusionadas. Alguna sentencia llega a acotar perfectamente el terreno de actuación y señala que incluso labores organizativas de «archivo y clasificación de documentos administrativos» corresponden a funcionarios. Un informe de la letrada jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Hacienda va en la misma línea. Este personal externo de Educación va a grabar y verificar documentos administrativos. Una clara usurpación de potestades públicas. La Junta tiene la oportunidad y debe rectificar.