Cs aprovecha la pugna de Díaz en el PSOE para presionar con los aforados

Presentará una iniciativa en el Parlamento para reformar el Estatuto y «acelerar la supresión» de «los privilegios»

El punto 12º del apartado de «Regeneración democrática» del acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos recoge expresamente la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico. Este acuerdo se firmó hace cerca de dos años. Durante este tiempo, el coto a los aforamientos que promulga Cs sigue formando parte de los futuribles de un pacto con fecha de caducidad en caso de adelanto electoral y de que Susana Díaz, finalmente, pueda aspirar a la Presidencia del Gobierno. El partido naranja, con la lideresa andaluza en plena batalla orgánica y cuyo poderío se enfrenta al éxito de avales de su principal rival, Pedro Sánchez, presionó ayer a la presidenta con los aforamientos. El PSOE señala que no sabe nada de esta propuesta de «acelerar» la reforma pactada.

Andalucía sigue siendo una de las comunidades donde gobierna el PSOE y el proyecto no pasa de promesa. A diferencia de otras políticas –la sanidad universal o el acceso a la vivienda–, con los aforamientos el Gobierno y el Parlamento andaluz no podrán decir que son pioneros. Los antecedentes obligan, con dos ex presidentes imputados en el «caso ERE» y hasta un diputado como Carmelo Gómez investigado en otra ramificación del «caso Mercasevilla». Recientemente, el ex diputado y anteriormente consejero Luciano Alonso, que dimitió por la causa de los contratos fantasma, quedó absuelto por el TSJA. Murcia se ha convertido en la primera autonomía que pone en marcha una medida tan prometida como incumplida.

Cs alude al pacto de investidura para forzar, puede que en el tiempo de descuento de Díaz en Andalucía, un impulso al fin de los aforamientos. El PSOE –en el argot de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes– «se hace la rubia». La eliminación de los aforamientos precisa de una reforma del Estatuto por mayoría cualificada y que afectará a al menos tres artículos. Hasta la fecha, PSOE y Cs, a pesar de su sintonía –la llamada «oposición responsable» del grupo de Juan Marín–, no han alcanzado consensos ni siquiera para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, como la RTVA, el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas.

«Queremos acelerar la supresión de aforamientos porque eliminar privilegios va en el ADN de Cs», señaló ayer el portavoz adjunto del grupo naranja en el Parlamento, Sergio Romero. Cs anunció una propuesta en el Parlamento «para reformar el Estatuto» porque «los ocho diputados de Cs queremos ser iguales a los ocho millones de andaluces y no tener privilegios». «No le cogerá por sorpresa al PSOE, ya que está firmado en el acuerdo de investidura de Susana Díaz, y tampoco al PP, puesto que es el punto 94 de la investidura de Rajoy. Y lo que se firma con Cs se cumple. Lo único que pedimos a ambos es coherencia con Andalucía y un lenguaje común en todos los territorios», indicó. Ante la necesidad de una «mayoría cualificada», Cs insistió en que «tanto PSOE como PP lo tienen firmado con nosotros, por lo que no hay ningún motivo para que esta iniciativa sea aprobada». La formación naranja anunció una ronda de contactos esta semana para trasladar la propuesta a los grupos. «La regeneración democrática ya empezó lográndose que los imputados por corrupción política no ocuparan las instituciones. Ahora el inicio del fin de los aforamientos ha comenzado gracias a Cs», dijo Romero. Del silencio del PSOE –«No lo tenemos que consultar porque está firmado», sostiene Cs– a la prudencia popular. La secretaria general del PP-A, Loles López, indicó que su formación no se pronunciará hasta que estudie la propuesta «porque le he escuchado a esta formación muchas cosas que luego no tienen nada que ver con lo que escriben». López señaló como ejemplo «el pacto que tiene firmado esta formación con el PSOE, un pacto que lo están incumpliendo y ahí siguen». En los debates previos a las autonómicas, Juanma Moreno prometió eliminar los aforamientos. Díaz ha rechazado «una subasta y una carrera» por territorios y alude a «un debate global» en todo el territorio, que es, como con el impuesto de sucesiones, su táctica habitual para regatear la reforma.

En ningún país de Europa hay tantos aforados como en España, donde se cifran casi 250.000. Senadores, diputados y hasta los consejeros del Tribunal de Cuentas no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios. El Parlamento instó a la Junta en junio de 2016, gracias a una moción de Cs, a eliminar los aforamientos autonómicos esta legislatura. Diferentes fuentes judiciales consultadas por este periódico se pronunciaron al respecto recientemente. El letrado José María Calero aboga por limitarlos a las más altas autoridades. Juan Carlos Alférez ve justificada la existencia de aforados, igual que Julio Martínez. El magistrado del TSJA Miguel Pasquau insta a no tomar «atajos» pero hacer cambios. Algunos expertos defienden el nivel del aforamiento español como protección, considerando que existe la acusación popular pero no se pena la denuncia falsa. Se alega que no es un privilegio pero también se utiliza la figura del aforado para dilatar los procesos y, en ocasiones, burlar a la justicia. «Vamos a proponer la supresión de los aforamientos políticos también a nivel autonómico. No queremos privilegios judiciales para nadie», señaló el líder nacional de Cs, Albert Rivera, sobre la propuesta presentada por su grupo mientras Susana Díaz hablaba de las primarias socialistas en la televisión.