Cuando el jurado asusta

Las (malas) noticias se suceden a tal velocidad, que pasan casi desapercibidos sucesos que, en un tiempo cercano, habrían marcado la agenda o, como se dice ahora, se habrían constituido en polémicas «mainstream». Al secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, se le abrirá juicio oral, quizá ante un jurado popular, por (presuntamente) impedir mediante soborno la interposición de una moción de censura contra la alcaldesa de Aljaraque, su conmilitona Yolanda Rubio. Los términos de la misma estaban acordados por PP y la marca de Podemos en dicha localidad, pero los concejales comunistas se echaron atrás a última hora, justo en el instante en el que la esposa de uno de ellos encontró trabajo en uno de los chiringuitos de la Diputación onubense, controlada por los socialistas. Evidentemente, todo obedece a una malhadada sucesión de casualidades. No ofrecía el mercado laboral un perfil más idóneo para el puesto en Aguas de Huelva que el de la esposa del edil, que se retractó por mero dictado de una conciencia límpida, sin que influyese su inmediata incorporación a una comisión de gobierno en la que pasó a engordar sus emolumentos en 800 euros mensuales. El problema es que existen unas grabaciones que confirman las sospechas de los malpensados, cuya audición en el proceso confundirá sin duda a los legos ciudadanos elegidos para el tribunal. Por eso, el PSOE se afana ahora en que sean magistrados profesionales quienes dictaminen la inocencia, o no, de Caraballo y sus cómplices. Ya se sabe que el populacho indocto se deja engañar por sus propios oídos. «Contratamos a tu mujer pero no se firma. Es ilegal y me meterían en la cárcel», escucharán; y los muy fascistas, es de temer, van a pensar que una cosa tiene que ver con la otra. Dice que tiene la conciencia tranquila. Ojú.