Cuando más (con PSOE y Cs) termina siendo menos

Los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) andaluces están comunicando a los padres recortes en el número de sesiones a los menores con trastornos en el desarrollo por instrucciones de la Consejería de Salud sin mediar nuevas valoraciones. Así lo denunció ayer Antonio Guerrero, presidente de la Plataforma de Atención Temprana, advirtiendo que podrían quedarse fuera del sistema en torno a 4.600 niños a lo largo de 2018.

Guerrero lamentó que su asociación haya sido excluida de las reuniones que la Junta de Andalucía ha mantenido con organizaciones del sector para abordar las novedades previstas en el año en curso.

Los Presupuestos de la comunidad para el presente año contemplan la atención a 20.000 menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, 13.500 de ellos son niños y 6.500 niñas. Y el propio acuerdo marco fija en 8 el número de sesiones mensuales que marca la evidencia científica. Una cifra que se eleva a 12 en el colectivo autista.

La consejería plantea dar ese número de sesiones como media (en 2017 fueron 5 por falta de disponibilidad presupuestaria y en 2018 estaba previsto de forma inicial que fueran 7), mientras la plataforma de Atención Temprana mantiene que han de ser las «mínimas».

Guerrero considera que detrás del anuncio del aumento de sesiones y en el importe que reciben los CAIT por las terapias hay un «caramelo envenenado» en un intento de vender las bondades de la Administración con tintes electoralistas. Y es que el presupuesto anual se sitúa en 28,8 millones y ajustándolo al número de sesiones mensuales (8), al número de menores atendidos (20.000) con el incremento en el precio (de 18 a 22 euros) y dando por válido que un menor sólo asiste diez meses y medio al año a terapia «las cuentas no salen».

De ahí que la plataforma denuncie una «reducción del número de menores atendidos del 22%» aplicando un «coeficiente de rotación que se han sacado de la manga» como solución. «Dirán que han aumentado el número de sesiones y el precio de cada una pero no que es a costa de reducir el número de menores atendidos», insiste Guerrero en defensa de los 4.600 niños y niñas que «sacarán del sistema».

Guerrero recuerda que todos los partidos de la oposición, excepto Cs que se posicionó junto al Gobierno, apostaron por un incremento presupuestario de 25 millones que habría permitido evitar el problema actual. La formación naranja pactó con el PSOE dotar con 8 millones más un presupuesto que hoy se ve insuficiente.

La Junta asegura que ningún menor verá recortadas sus sesiones, lo que lleva a pensar a la plataforma que «van a dejar salir a los niños a medida que cumplan los seis años y, en cambio, entrarán en el sistema a cuentagotas». Guerrero cree que el Gobierno andaluz «no juega limpio» y recuerda que «hemos luchado mucho y duro para que se pagase a los CAIT un precio justo o razonable por sesión, pero no a costa de nuestros hijos».

En Andalucía hay 163 CAIT y la Junta ha presumido de una ampliación del número de plazas en los últimos meses con varias inauguraciones. Las modificaciones aplicadas a los centros –alguno de los cuales se plantea presentar alegaciones– implican una reducción de los menores atendidos a partir del mes de abril. La consejería dice que para este cálculo se han utilizado las medias de atención de los CAIT en los siete meses previos y en las reuniones con Cermi, Plena Inclusión y CAIT se especificó que la cifra total ronda los 15.000 menores. Lo significativo es que en un informe económico del proyecto de decreto que regula el servicio se especificaba que en 2015 eran 19.803 los menores registrados en el sistema Alborada. Tres años después, y tras la implantación de un nuevo sistema de valoración que ha permitido a la consejería destacar que se han eliminado las listas de espera –3.000 menores las ocupaban– resulta al menos significativo que los menores con trastornos o riesgo de sufrirlos sean menos. Todo ello cuando la comunidad científica alerta de que el número aumenta de forma llamativa.