De la promesa de rendir cuentas cada seis meses a comparecer un año después

Se comprometió a rendir cuentas cada seis meses, en una especie de debate del estado de la región, pero se trata de la primera comparecencia a petición propia de la presidenta ante el Parlamento después de su discurso de investidura, celebrado en abril del pasado año, y no como parte de la sesión de control. Los tiempos coinciden con el viento de cola tras los fastos del 28F y con la sesión (de conato) de investidura de Pedro Sánchez en la Carrera de San Jerónimo.

La Diputación Permanente del Parlamento rechazó a finales de enero con los votos de PSOE-A, Podemos y C’s un Pleno extraordinario con una comparecencia de Susana Díaz sobre la situación social y política de la comunidad, a petición del PP-A. La presidenta, una vez más, marca los tiempos gracias a que en la última Junta de Portavoces el PSOE-A obtuvo el respaldo de C’s. PP-A, Podemos e IULV-CA –que critican que la Mesa del Parlamento se «pliega a los intereses de Díaz»– consideran «un atropello» incluir esta comparecencia en una sesión ordinaria y reclaman un debate con propuestas de resolución. Para el PSOE-A, estas peticiones son «ridículas» y los grupos de la oposición (C’s es socio sin cartera) hacen «tremendismo y un espectáculo de todo».

Salvo cambio de estrategia o revelación de última hora, se prevé que la presidenta continúe ciñéndose a su papel de garante de «la igualdad de los españoles» o, en palabras del 28F, «el fiel de la balanza». A la política nacional, por activa o pasiva, ha dedicado Díaz la mayor parte del último ejercicio, visitas institucionales a hospitales o colegios aparte. El balance de gestión camino de los once meses, tras tomar posesión el 14 de junio, es exiguo. Un tiempo de trabajo de «fontanería» política, baja maternal incluida, centrado –con extraordinario éxito– en convertir a C’s en un socio sólido, sacar los Presupuestos y presentar a PP y Podemos como «la pinza 2.0». La legislatura nació, tras 80 días sin lograr ser investida, algo que aún reitera la presidenta al referirse a la situación en el Congreso.

Díaz compareció en San Telmo al mes de formar Gobierno para anunciar que la Junta «ha pisado el acelerador». Un mes de Gobierno y 30 medidas pendientes desde la época de Griñán.«El período más productivo desde el inicio de la autonomía», resaltó Jiménez Barrios. Destaca el decreto ley para solucionar el embrollo de los consorcios escuela –y que está culminando con su absorción por el SAE– y anteproyectos de Ley: el de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario; del Deporte; de Retracto en Desahucios; y el de Protección de Usuarios de Créditos Hipotecarios. Recurrentemente, los proyectos que salen adelante vienen de antaño. La Ley de blindaje sanitario fue esbozada por Griñán en su investidura en mayo de 2012. O la Ley de Servicios Sociales, aprobada sin garantía de fondos. Sobresale también el proyecto de ley que modificará la LOUA y que da vía libre a la regularización de más de 25.000 viviendas ilegales. Según el Ministerio, a mitad de año, la Junta sólo había ejecutado el 62,65%de las inversiones reales. Los problemas en Sanidad –la comunidad con menor gasto por habitante y cuarta en recortes– y Educación –un 8,39% menos en cuatro años, segúnUGT–continúan, quedando patente la precariedad en las urgencias estivales o en las caracolas escolares (con un plan que mantiene el 75% sine die). Para frenar el descontento, Díaz restituyó las pagas extras. Siguen los conflictos enquistados con los ALPE, el Infoca, los monitores infantiles, los profesionales del SAS, los docentes, el 061 y los intérpretes de signos.

En Empleo, Andalucía ha oscila- do en torno al millón de parados. La comunidad sigue a la cola en creación de puestos de trabajo. Díaz saca pecho de que uno de cada cuatro empleos es andaluz.

La presidenta retomó la«paz social» –germen del «caso ERE»– como «variable importantísima» de su política. Las promesas de reactivación económica siguen en el «debe». Ni la Ley del Emprendi- miento ni el plan de apoyo a em- prendedores. El Ente de Crédito, que acaparó el final de la anterior legislatura, sigue estancado.

Los compromisos sobre corrupción han sido más aparentes que reales. Altos cargos investigados mantienen el puesto. A las puertas de la imputación, a Carmelo Gó- mez y Sánchez Teruel el PSOE no les pidió ni el escaño. La directora general de Minas tuvo una restitución exprés. La ex directora de la Alhambra cobra casi 5.000 euros en cesantías. El Presupuesto sólo contempla recuperar 153 millones defraudados. La Oficina de Prevención del Fraude no ha sido nombrada desde la campaña autonómica. Aunque la renta media por hogar ha caído en 3.675 euros en cuatro años, se rechazaron las propuestas de Podemos contra los desahucios y la pobreza energética por «innecesaria» con 3,5 millones de andaluces en riesgo de exclusión y cuatro puntos más desde que Díaz es presidenta; y la de atención temprana por «trasnochada». La rebaja del impuesto de Sucesiones ha quedado en un grupo de trabajo. La renta básica, pendiente desde 2008, ha sido aplazada al segundo semestre. La Junta tarda 6,6 meses de media en tramitar el salario social. En el Pleno de la semana pasada, una jugada de última hora de Díaz, negociando con C’s en San Telmo, tiró la ley de atención temprana. Los cambios están relacionados con el pacto de investidura: una bajada de impuestos y la comisión de formación, que avanza a velocidad de moviola.

Primeros ponentes en la comisión de formación

Las comparecencias de la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los fondos de formación de la Administración andaluza arrancan esta semana en el Parlamento con las declaraciones de los interventores provinciales de la Junta de Almería y Cádiz. Estas comparecencias, fijadas por orden alfabético de las provincias, tendrán lugar en la mañana del viernes. El lunes, día 7, declararán los interventores de Córdoba y Granada, en sesión de mañana, y los de Huelva y Jaén, en sesión de tarde. El martes 8 comparecerán en el seno de la comisión los interventores de la Junta de Málaga y Sevilla, por la mañana, mientras que el ex interventor de la Junta Adolfo García declarará por la tarde. García fue llamado a comparecer en la comisión siendo interventor general de la Junta. Días después de conocerse el acuerdo de los grupos para su declaración, se conocía su dimisión del cargo por «motivos personales». La comisión, reunida el pasado martes, acordó citar a los comparecientes las semanas que no se celebren sesiones plenarias en el Parlamento, concretamente los lunes, martes y viernes.Además, se citarán también comparecientes el lunes y martes de Semana Santa y el lunes, martes y viernes de la Feria de Abril. Según el orden aprobado, tras los interventores acudirán funcionarios, beneficiarios, delegados provinciales, directores generales, secretarios generales, Tribunal de Cuentas y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para continuar con los ex consejeros, los ex presidentes Chaves y Griñán, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, y la presidenta Susana Díaz.