Del coche oficial a juntos en el banquillo de los acusados

La lectura de los escritos de las acusaciones marca la primera jornada del juicio contra Chaves y Griñán. Algunas defensas deslizan ya que sus clientes no contestarán al PP

Se respiraba tensión y los protagonistas sabían que estarían expuestos como los objetos de una vitrina de museo. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se sentaron por elección hombro con hombro en las sillas de los acusados colocadas en la Audiencia de Sevilla en el primer juicio de la «macrocausa» de los ERE irregulares centrado en la pieza política de un proceso cuya instrucción arrancó hace casi siete años. Y no estuvieron solos. Los acompañaron una nómina de otros 20 investigados, tres mujeres y diecisiete hombres, entre los que se encontraban la ex ministra y ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, o los ex consejeros andaluces Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.

La vista oral, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle, arrancó a las 10:53, con 50 minutos de retraso sobre el horario previsto, y luego no se tornó ágil. El letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia, Rafael Castro, leyó durante casi dos horas, con el mejor trazo de la casa que pudo, el escrito de acusación de grueso calibre de la Fiscalía Anticorrupción, que ha puesto bajo sospecha 741 millones de euros, conformado por 44 folios. En él se detallan las transferencias presupuestarias con las que se alimentaron los ERE y las peticiones de penas del Ministerio Público para los ex altos cargos del Gobierno autonómico acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que incluyen una década de inhabilitación para Chaves y seis años de cárcel y otros 30 de inhabilitación para un Griñán que, con todo, dijo al entrar en los juzgados estar «tranquilo» antes de callar.

Tras un breve receso y de vuelta a la sala crujida de maderas oscuras, Castro procedió a la lectura del escrito de acusación armado por los representantes procesales del PP-A que ejercen la acusación popular, Lourdes Fuster y Luis García Navarro, pese a que uno de los letrados de las defensas solicitó al tribunal que lo impidiera, dado que las partes personadas en el «macroproceso» ya lo conocían y su exposición no iba a «aportar nada nuevo». Es más, hizo un amago de abandonar la Sala, como otro de los abogados, aunque al final permanecieron en sus puestos. El escrito se leyó, al replicar Fuster que su relato de hechos y sus propuestas de condenas eran distintas a las de Anticorrupción, si bien, no en su totalidad. El letrado de la Administración de Justicia reprodujo poco menos de la mitad de las más del centenar de páginas que lo integran. Los representantes legales de los populares sumaron a los supuestos delitos de prevaricación y malversación el de asociación ilícita y reclaman dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

Entre folios se alcanzaron las 14:30 horas, punto en el que el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, optó por adherirse al escrito de la Fiscalía. La otra acusación de la instrucción, la Junta, no está representada en el juicio al haber pedido que se archivara la causa por entender que su ex cúpula no se concertó para diseñar un procedimiento con el que repartir de forma opaca y arbitraria el fondo de los ERE, que engordó hasta los casi 855 millones entre 2001 y 2010. Niega que se hubieran otorgado licencias para defraudar.

El desencuentro con los abogados del PP-A parece que no será el último. Aunque no lo han manifestado en Sala, algunas de las defensas dejaron caer ya ayer que sus clientes no responderán a las preguntas de aquéllos cuando llegue el momento de las declaraciones, según pudo saber este diario. No hay aún un cronograma de la vista oral que fije las comparecencias, pero la Fiscalía demandó que rompiera el hielo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sentado ayer detrás de Chaves. El juicio continuará hoy tal vez con más repaso de escritos, en esta ocasión de las defensas, al haber planteado al tribunal el representante legal de Chaves, Pablo Jiménez, que se lea al menos una parte del suyo, lo que dio pie a que el resto de sus colegas quisiera consultar con sus clientes si hacer públicos los demás, tras haberse difundido los de las acusaciones por una cuestión de «garantías procesales», en palabras del letrado Juan Carlos Alférez. Si esto fuera así –se decidirá a primera hora si se entonan todos o no y si de manera completa o a trozos–, poco se avanzará en las cuestiones previas que podrían incluir la petición de nulidad del proceso del lado de Griñán.

La aparición por sorpresa de Alaya

Dos mujeres protagonizaron las dos entradas sorpresivas en el guión del día. De un lado, y al filo de las 10:00 horas, apareció quien se convirtió en el azote del Gobierno andaluz al iniciar varias «macrocausas» que lo salpicaron, entre ellas la de los ERE presuntamente fraudulentos: la jueza Mercedes Alaya. Ella puso en pie la instrucción piramidal que acabó apuntando a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siempre mantuvo que la causa era indivisible. Pero fue relevada de la dirección del «macroproceso» cuando dejó su plaza en el juzgado por un puesto en la Audiencia de Sevilla, aunque su intención era culminarlo. De otro, llamó la atención la irrupción en escena de una mujer en pijama y bata rosa que se acercó hasta los juzgados, rodeados de fuertes medidas se seguridad, para «saludar» a los acusados e irse. Habrá que ver si alguien más se reviste hoy de espontáneo.