Desequilibrio «made in» PSOE

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, nacida en 1992 y compuesta por cerca de cuarenta entidades sociales de carácter no lucrativo, recurre a la Estretegia Europea 2020 para definir y agrupar los tres factores que conforman el indicador de pobreza. Primero, la renta: ha de ser inferior al 60% de renta mediana equivalente. Segundo, la Privación Material Severa (PMS): hace referencia a las posibilidades de consumo reales. Y tercero, intensidad de trabajo, población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): personas que están en edad de trabajar en la familia y el de las que efectivamente trabajan. Las estadísticas de 2011 situaban al 33% de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que en España la media se situaba en el 23,4%; los andaluces que vivían por entonces por debajo del umbral de la pobreza representaban el 29,3%, cuando en el país se limitaba al 19,5%; y los porcentajes de la población que sufren PMS y BITH también eran más elevados (4,3% por 3,5% y 7,8% por 5,5%, respectivamente). Después de tres décadas de Gobierno socialista, el andaluz está obligado a preguntarse cómo es posible creer que el nuevo decreto anunciado por el bipartito no es mera propaganda política. Sobre todo cuando su anuncio se produce con dos semanas de antelación, buscando estirar al máximo el titular y, en la práctica, multiplicar el sentimiento de frustración de la ciudadanía con expectativas no alcanzables. A la postre será la labor de Cáritas, Banco de Alimentos y ONG la que obtendrá un reconocimiento acorde a la dramática situación, quien no la reconozca ya.