Díaz afea a Montoro «sus trampas» y éste le insta a «contener el victimismo»

El ministro de Hacienda se muestra abierto al diálogo para alumbrar un nuevo modelo de financiación autonómica y anuncia que la aportación del Estado a la Junta aumentará en casi 200 millones

Con el debate del nuevo modelo de financiación autonómica de fondo, y con los rigores del calor propios del mes de julio, tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Hacienda elevaron ayer el tono para defender sus posiciones, radicalmente opuestas en temas candentes como el objetivo de déficit o la política fiscal. La presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, fue la primera en lanzar el dardo al acusar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –que coincidieron ayer en Sevilla, aunque en actos distintos– de hacer «trampas» con el objetivo de déficit que planea su departamento para el próximo año, puesto que «no le cuadra la caja de la seguridad social».

«Si España crece y tiene medio punto más, no puede ser que las comunidades autónomas tengamos que recortar, concretamente 450 millones de euros en Andalucía», lamentó Díaz, además de asegurar que en diciembre «se nos quiso imponer» un límite en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y luego el ministro «lo revisó porque era consciente de que se había crecido económicamente». Tras indicar que tanto las comunidades como los ayuntamientos «hemos hecho un esfuerzo enorme», volvió a dirigir sus críticas hacia el Gobierno, que «ha vivido de lo que hemos ahorrado» y, cuando la recuperación va tomando velocidad de crucero, «se queda ese ahorro y establece un mayor margen en el déficit, en lugar de dar oxígeno».

Pese a todo, auguró que la Junta «llegará al límite» y remarcó que es una Administración «cumplidora». Por ello, en el debate sobre la financiación autonómica, «reivindicaremos el papel que nos corresponde» y calificó de «trasnochadas» las confrontaciones entre territorios. Sobre las pensiones, ya predijo que «acabaríamos pidiendo un préstamo para pagarlas, concretamente la paga extraordinaria de verano, porque habían vaciado la hucha».

Montoro, por su parte, no quiso dejar atrás ninguna acusación lanzada por Díaz, a la que reclamó «contener el victimismo», puesto que España «no se puede convertir en un coro de lamentos». Sobre las «trampas» a las que aludió, el ministro ironizó, asegurando que la afiliación a la seguridad social ha crecido en un último mes un cuatro por ciento en Andalucía y que «lo habríamos hecho hasta un ocho sin esas trampas». Y el contexto nacional también es favorable, defendió Montoro, ya que España «crece el doble que la media de la Unión Europea, crea empleo y asombramos al mundo con nuestras cifras». «Menos mal que no nos hacen caso y nos ven como un país interesante», subrayó, al tiempo que pidió «un poquito de orden por dentro».

El ministro también entró de lleno en el debate sobre la financiación autonómica, aclarando que el Estado aportará a la comunidad autónoma, a través de los Presupuestos de 2017, en torno a los 835 millones de euros. Una cifra que «previsiblemente aumentará», según anunció, en casi 200 millones con la liquidación final de 2015.

Ante una nutrida representación empresarial, Montoro instó a alcanzar un acuerdo «entre todos» para abordar el modelo de financiación autonómica, además de pedir a las regiones que sean «corresponsables» en el ámbito fiscal. «Unas administraciones públicas que no hacen más que gastar y que recauden otros, eso no es el estado de las autonomías», criticó.

Al hilo de este asunto, explicó que un grupo de expertos hará un dictamen sobre el nuevo modelo y, luego, «entrará la política». «¿Se imagina alguien que se alumbrara una financiación autonómica en contra del criterio de la Junta? Sería imposible. Yo no lo voy a pretender. O nos ponemos de acuerdo o no nos movemos».

El impuesto de sucesiones es una patata caliente en manos de la Junta que le va quemando demasiado. Díaz habló de «deslegitimización» y «mentiras» en torno a este tributo. Montoro, por su parte, recordó que la Junta asumió el gravamen en 2002 «fruto de un acuerdo». No obstante, dejó abierta la posibilidad de cambiar los términos del pacto.