Díaz impulsa la ley de Memoria Democrática hasta el último día

La Junta delimita nuevos espacios en cinco provincias para inscribir en el inventario

Ajeno al cambio de Gobierno que se materializará en los próximos días una vez que Juanma Moreno fue elegido ayer como nuevo presidente de la comunidad, la Junta en funciones ha aplicado sus competencias hasta el último día. Y lo ha hecho en uno de los aspectos más polémicos: la ley de memoria democrática que el Partido Popular y Vox han pactado sustituir por otra de Concordia, un acuerdo que no cuenta con el apoyo expreso de Ciudadanos.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) publicó ayer cinco acuerdos –fechados el 11 de enero– de la Dirección General de Memoria Democrática para la incoación del procedimiento de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. En concreto, se trata del Refugio antiaéreo de Villanueva de Córdoba; el Edificio de la Capitanía General de la Gavidia en Sevilla; el Campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava en Jaén y la Colonia de Víznar en Granada. Igualmente se acuerda mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales de Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, ambos en la provincia de Málaga.

Según el texto vigente, la inscripción en este inventario tiene una serie de consecuencias. «La incoación llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía y determinará la suspensión cautelar, cuando proceda conforme a derecho, de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización de la consejería competente en materia de memoria democrática, la cual deberá resolver la solicitud de autorización en el plazo de tres meses. La denegación de la autorización llevará aparejada la necesidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia concedida. La protección cautelar derivada de la anotación preventiva cesará cuando se deje sin efecto la incoación, se resuelva el procedimiento de inscripción o se produzca su caducidad».

El artículo 27 detalla que «las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de los terrenos o inmuebles inscritos como 'Lugar de Memoria Democrática de Andalucía' tienen el deber de conservarlo y mantenerlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la consejería competente en materia de memoria democrática podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación»

Durante el debate de investidura, tanto Susana Díaz como Teresa Rodríguez reprocharon al ya presidente de la Junta el acuerdo para derogar esta ley. No así el líder de Vox, Francisco Serrano, que en su intervención criticó la ley de «supuesta memoria histórica» ya que se trata de «un claro ejercicio de manipulación intelectual de la extrema izquierda». De hecho, descalificó el texto porque promueve la «amnesia histórica».

El Pleno del Parlamento aprobó en marzo de 2017, con el apoyo de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs –al no aceptárseles ninguna de sus enmiendas al texto–, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, un texto que contemplaba la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía. Las conclusiones tenían que ser enviadas a una supuesta comisión de la verdad nacional, órgano cuya creación defiende el PSOE.