Díaz pospone a febrero de 2016 la devolución del 25% de la paga extra

Andalucía es la única comunidad autónoma que todavía no ha abonado el 25 por ciento de la paga extraordinaria que se retiró a los funcionarios en 2012. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió en reiteradas ocasiones su devolución –la última vez fue en la campaña electoral–, pero el Gobierno central ya le ha tomado la delantera al ingresar el pasado mes de enero el mismo porcentaje. Ayer, Díaz puso por fin fecha al compromiso que adquirió con los sindicatos que representan a los casi 270.000 empleados públicos andaluces. Será en febrero de 2016 cuando los funcionarios percibirán en sus nóminas la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012. Sin embargo, atrás queda una ristra de recortes efectuados al margen del Gobierno, suprimiendo las pagas extra de 2013 y 2014. Todo ello quedaba fijado en el Plan de reequilibrio económico financiero, que contemplaba la eliminación de los complementos adicionales de las dos pagas y la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables, lo que equivalía a la mitad de cada extra.

Junto a esta medida, la Junta prevé a partir del 1 de enero de 2016 recuperar el cien por cien de la jornada y retribuciones del personal funcionario interino y del temporal (estatutarios, laborales e indefinidos no fijos), un total de 44.000 empleados públicos. El colectivo más beneficiado será el personal sanitario, que ha venido soportando contratos al 75 por ciento, concretamente los eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Para llevar a efecto ambas medidas ya se han comprometido en el Presupuesto del próximo año entre 190 y 200 millones de euros. También acordó ayer Díaz con los representantes de CC OO, UGT y CSIF convocar el concurso de traslados de funcionarios, aunque no se concretó ninguna fecha, y la reunión el próximo día 22 de la Mesa general, además de las diferentes mesas sectoriales, para abordar estas decisiones y otras relativas a ayudas sociales o incentivos para conciliar la vida personal con la laboral, como la adaptación de horarios. Por otra parte, Díaz se comprometió igualmente a elaborar, previa negociación con las centrales sindicales, el anteproyecto de Ley del Empleo Público de Andalucía, que permitirá desarrollar en esta legislatura el Estatuto Básico del Empleado Público.

El sindicato de enfermería Satse fue el que se mostró más crítico con el anuncio, calificándolo de «nuevo atentado contra los empleados públicos», ya que «pretende retrasar aún más la recuperación de los derechos de los profesionales y continuar, por tanto, con la política de recortes». La central, que recuerda que la Junta ha hecho caso omiso a las «múltiples» sentencias ganadas por Satse en este sentido, lamenta especialmente que se vuelva a dilatar la desaparición de los contratos al 75 por ciento, ya que la jornada completa «es una prioridad absoluta para garantizar la sanidad pública».

Sí se hizo la foto con la presidenta el responsable de CSIF-A, José Luis Heredia, quien destacó el «renovado diálogo social» del Gobierno andaluz, no sin antes subrayar que los funcionarios andaluces «hemos sido los más recortados de todo el país», por lo que «era de justicia el reconocimiento del esfuerzo y profesionalidad para sostener los servicios públicos». CSIF llegó a amenazar con llevar a los tribunales la no devolución de la paga extra, amagando con trasladar el asunto a la Fiscalía e incluso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, el secretario general de la federación de servicios públicos de UGT-A, Antonio Tirado, aseguró que el acuerdo supone «recuperar la dignidad» del colectivo y anunció que exigirá medidas «parecidas» al Gobierno central. CC OO, de su lado, lamentó que Andalucía sea la última comunidad en recuperar el 25 por ciento de la extra.