Díaz se ve obligada a implicarse en la crisis del SAS para apaciguar las movilizaciones

Entona el «mea culpa» y avanza que convertirá en interinos a 15.000 eventuales sanitarios, pero no concreta cuándo

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, flanqueada por Juan Cornejo (izda.) y Manuel Jiménez Barrios
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, flanqueada por Juan Cornejo (izda.) y Manuel Jiménez Barrios

Entona el «mea culpa» y avanza que convertirá en interinos a 15.000 eventuales sanitarios, pero no concreta cuándo

La ola de la marea sanitaria ha llegado mucho más lejos de lo que pensaba la Junta de Andalucía. El epicentro está en Granada, germen de las manifestaciones multitudinarias que posteriormente se han trasladado a otras capitales como Huelva –también afectada por la fusión hospitalaria– o Málaga. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, salió a la arena para negociar directamente con los sindicatos y reconoció como interlocutor preferente a Jesús Candel «Spiriman», el médico de urgencias que, con su campaña a través de las redes sociales, ha conseguido echar a miles de personas a las calles y poner a la Junta contra las cuerdas.

El resultado ha sido un acuerdo con los sindicatos tradicionales –UGT y CC OO–, al que se han sumado plataformas hasta ahora críticas como CSIF y Satse. Sin embargo, no es suficiente para firmar la paz definitiva. «Spiriman», que es el que arrastra la corriente de protesta como si fuera el flautista de Hamelin, está en contra, y del acuerdo se han descolgado también el Sindicato Médico y USAE. Se vuelve a repetir, por tanto, la línea de acuerdo paralelo que ya intentó el Ejecutivo andaluz con la «marea naranja», que contestó la reordenación del sector público que se aprobó a principios de 2011. Entonces, la Junta selló un acuerdo con UGT y CC OO para escenificar un pacto global, pero pasó lo mismo que ocurre ahora, que la gente que estaba en la calle no seguía de manera mayoritaria a estos sindicatos, sino que se aglutinó en plataformas independientes.

La crisis sanitaria, en cualquier caso, no cesa. De hecho, hoy parten autobuses para salir a la calle en Jaén coincidiendo con el acto en el que Susana Díaz conmemorará junto al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el décimo aniversario de la implantación de la Ley de la Dependencia. Éste es el motivo oficial. La realidad es que se trata del principal acto de fuerza de Susana Díaz desde que se puso a disposición del partido –«en la cabeza o en la cola»– para disputar la Secretaría General del PSOE.

La presidenta de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a pasar personalmente a la acción para desactivar la marea sanitaria. No a través de la interlocución directa, como ha reclamado el agitador «Spiriman», pero sí cargándose de anuncios y entonando un «mea culpa» que ya ensayó, aunque de manera más tímida, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.

La jefa del Ejecutivo reiteró que las fusiones hospitalarias de Huelva y de Granada están paradas, y que así se mantendrán hasta que la Consejería consiga perfilar con todos los actores implicados un plan alternativo. «Estábamos convencidos de que la fusiones hospitalarias iban a garantizar una mayor equidad, pero por parte de los ciudadanos no se ha entendido así. No nos duelen prendas en oír a los representantes sindicales, rectificar y parar las fusiones», deslizó Díaz, al tiempo que recordó que la Junta ha conseguido llegar a un acuerdo con el 80 por ciento de los representantes del coletivo sanitario. «Si algo no hemos hecho bien, si algo no se entiende, no tendremos problema en rectificar y pactar un modelo con todos».

La presidenta andaluza aludió a los 480 millones de euros de incremento en la Consejería de Salud y al 80 por ciento de satisfacción ciudadana con los servicios sanitarios. Pero la gran baza fue el anuncio de que el Ejecutivo va a impulsar una medida para dotar de estabilidad a 15.000 eventuales estructurales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Lo que no aclaró fue cuándo entrará la medida ni con qué fórmula concreta se va a articular. Y eso fue lo que le reprendió el presidente del PP-A, Juanma Moreno, nada más tomar la palabra. «Una fecha señora Díaz, una fecha. Ya prometió que todos los centros de salud iban a tener una matrona. Aún no se ha cumplido. La gente ya no traga».

Con todo, los portavoces de Izquierda Unida y de Podemos, Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, fueron los que lanzaron las críticas más duras respecto a la situación del sector sanitario y las movilizaciones que se están produciendo. La respuesta de Díaz fue acusarlos de alinearse con el Partido Popular, que pretende –dijo– desprestigiar y desmontar el sistema sanitario.

«Es una pena que la izquierda coincida con la derecha», espetó Díaz a Maíllo. El coordinador general de IULV-CA, por su parte, puso de relieve que «se ha agotado la política del parche y de cerrar vías de agua». «Las manifestaciones –abundó– no son las manifestaciones del Partido Popular».

Maíllo insistió en que el deterioro de la sanidad se está notando en la merma de la atención primaria, en la no derivación a médicos especialistas bajo criterios de ahorro y eficiencia, o en carencias como algunas que puso de relieve: las movilizaciones en la Sierra Sur de Sevilla para tener un equipamiento de urgencias o las altas automáticas a albañiles que sufren problemas cardíacos.

El proceso de convergencia de IU y de Podemos está por definirse, pero en el Parlamento, al menos, ya hay cierta sinergia. El hilo crítico en el terreno sanitario lo continuó Teresa Rodríguez, so pena de que Díaz acusara a Maíllo de ejercer de «telonero». Rodríguez reclamó una cláusula suelo en inversión sanitaria para que no baje del 6 por ciento y respondió que quien sostiene «a pulmón» la sanidad no es la Junta, como a menudo señala la presidenta andaluza, sino «los profesionales» que –abundó– «tienen el valor enorme de señalarse por lo que más quieren, que es su trabajo». «Si hay que retirarlo, se retira», respondió Díaz cuando la líder de Podemos le instó a dar marcha atrás en el recurso ante el Tribunal Supremo que ha interpuesto la Junta por la fusión hospitalaria en Huelva. «Demuestre que está dispuesta a dialogar».

Un colegio pide papel higiénico a los padres ante los impagos de la Junta

La presidenta andaluza tuvo ayer que emplearse a fondo precisamente en los asuntos de los que más hace bandera: la sanidad y la educación. Por ambos flancos le llovieron los críticas. En educación, el que entró más de lleno fue el presidente del PP-A, Juanma Moreno, que le mostró a Díaz una circular del colegio Pablo Ruiz Picasso en el que el director pide a los padres que contribuyan con papel higiénico ante los impagos de la Junta. «A la fecha que estamos –está firmado el 2 de diciembre– la Consejería de Educación no ha librado aún la dotación económica que nos corresponde. Es por ello –continúa el escrito– que nos encontramos en una situación precaria económicamente. (...) Agradeceríamos que cada alumno contribuyese, al menos, con un rollo de papel higiénico y otro de papel de cocina, que se entregarán a la tutoría».

La presidenta tildó de «papelito» el documento que le mostró el presidente del PP y recordó que ese tipo de peticiones no pueden darlas los directores porque están «prohibidas».

Por otra parte, Juanma Moreno insistió ayer con la sentencia del Constitucional que obliga a la Junta a reordenar la composición de la Mesa de la Cámara, ya que el PSOE otorgó al PP un miembro menos de los que le corresponden. El ambiente ya estaba caldeado por la bronca que se produjo en la sesión del miércoles por la tarde. Moreno habló de «bochorno» y «atropello», y reclamó la ejecución inmediata, no cuando se publique el fallo en el BOE como defiende la Junta.

Marín a la presidenta: «Confiaba en usted, será que soy demasiado iluso»

La falta de disposición de la Junta para abordar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria está creando un gran malestar en Ciudadanos. El líder de este partido en Andalucía, Juan Marín, pidió ayer a la jefa del Ejecutivo una reforma de la Cámara de Cuentas para dotarla de más recursos y de poder sancionador. De paso, exigió que la respresentación política de este órgano se adecúe al resultado que salió de las urnas el 22 de marzo, al igual que en otros entes de extracción parlamentaria como el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo o el Defensor del Pueblo.

Marín aseguró recientemente en el Parlamento que se fiaba de la palabra de Susana Díaz. El tono de ayer fue muy distinto. Un tono, por cierto, mucho más crítico de lo habitual, prueba de que este asunto ya está acabando con la paciencia de los socios del PSOE. «No esperaba esto –adujo Marín–. Le dije que confiaba en usted. Será que soy demasiado iluso y creo en la buena voluntad de las personas». Ni Ciudadanos ni Podemos, que Marín recordó que obtuvieron un millón de votos en las últimas elecciones, están representados en los órganos de extracción parlamentaria. El líder de C’s lanzó incluso una propuesta para llegar a un acuerdo: que cada grupo tenga un miembro y un voto ponderado en función de su cuota electoral. El problema es que las matemáticas son difíciles, ya que para la renovación de estos órganos es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Marín culpó de la obstaculización a PP y a PSOE. Díaz se comprometió a impulsar el próximo año una reforma de la Cámara de Cuentas para despolitizarla y dotarla de poder sancionador.